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El Síndic reclama una norma legal contra la contaminación acústica

Alicante continúa al frente del número de reclamaciones presentadas

La contaminación acústica y el uso del valenciano constituyen dos de los principales motivos de las quejas que los ciudadanos valencianos dirigen al Síndic de Greuges, el equivalente valenciano del Defensor del Pueblo. Así se desprende de la memoria anual de la institución correspondiente al año 2000 que el Síndic, Bernardo de Rosal, presentó ayer en las Cortes Valencianas. El Síndic reclama una norma legal sobre el ruido. La memoria critica la existencia de 'considerables listas de espera' en la sanidad y pide a la Generalitat que cubra la demanda de plazas en educación infantil.

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La recomendación del Síndic de Greuges relativa a las plazas de educación infantil viene a enmendar la plana al consejero de Cultura y Educación, Manuel Tarancón, quien, tan lejos como el jueves, en su comparecencia ante la comisión de Economía de las Cortes para explicar el presupuesto de su departamento para 2002, aseguró que la demanda está cubierta. El informe recomienda a la Generalitat que 'redoble los esfuerzos para la apertura paulatina de nueva unidades' de educación infantil, tras las quejas formuladas por padres de alumnos defraudados por la 'todavía insuficiente oferta' de plazas.

El número de quejas recogidas en esta ocasión por el Síndic de Greuges es similar al de años anteriores: 1.280. La mayoría, como en años anteriores, de la provincia de Alicante, 772, frente a las 47 de la de Valencia y a las 60 procedentes de la de Castellón. Una distribución que tiene mucho que ver con la ubicación de la sede oficial del Síndic de Greuges en Alicante y también con el escaso conocimiento que los ciudadanos valencianos tienen de la existencia de la institución.

Bernardo del Rosal afirmó tras presentar la memoria anual a la presidenta de las Cortes, Marcela Miró, que el porcentaje de quejas resueltas a favor de los ciudadanos ha aumentado hasta alcanzar el 73%. Esto 'no siempre significa una resolución final recomendándole a la Administración que haga caso al ciudadano', matizó el Síndic, quien precisó que el citado porcentaje incluye quejas en las que la mediación de la institución permite que, antes de emitir una resolución, se acepte la petición del denunciante. Un mecanismo que Del Rosal consideró 'deseable'. Según añadió, 'el final más feliz de una queja es cuando la Administración acepta resolverla sin que el Síndic tenga que hacerle una recomendación'.

Del Rosal también señaló que se ha producido un 'aumento considerable' de la colaboración de la Administración, de manera que se ha reducido el número de 'declaraciones de hostilidad' por falta de claboración con el Síndic de Greuges, que se han limitado a cinco ayuntamientos: Pego, Alicante, Tuéjar, Casinos y Burriana aunque con distinta graduación, que depende del grado de colaboración prestada. Ninguna consejería de la Generalitat ha sido declarada hostil.

Muchas quejas tramitadas (302) están relacionadas con cuestiones de urbanismo, vivienda y medio ambiente. En este último ámbito destacan las referidas a la contaminación acústica, que suman 112 quejas. Los ruidos provocados por locales de ocio nocturno como bares, discotecas y restaurantes, o los que generan talleres mecánicos, cuando están ubicados en las cercanías de zonas residenciales molestan a muchos ciudadanos valencianos.

La memoria indica que, en varios casos, a pesar de que los ayuntamientos se muestran diligentes a la hora de ejercer sus competencias en la materia, las molestias que produce el ruido, que 'afecta gravemente a las condiciones de habitabilidad' de los ciudadanos, así como a su 'intimidad personal y familiar', persisten, por lo que el Síndic recomienda la elaboración de una norma con rango de ley que regule esta modalidad de contaminación ambiental un problema que año tras año molesta a mayor número de ciudadanos. Una iniciativa legislativa en ese sentido ya está en tramitación.

Otra parte importante de quejas se refiere a la enseñanza del valenciano y al derecho de los ciudadanos a utilizar la lengua autóctona en sus relaciones con la Administración. Así, la memoria señala que muchas quejas proceden de padres 'preocupados por el hecho de que profesores sin conocimientos acreditados de valenciano, puedan ocupar plazas en una línea en valenciano o en una línea de inmersión'.

Finalmente y aunque el número de quejas al respecto no es muy elevado (34) destacan las relacionadas con la sanidad y, en especial, con las listas de espera. Así, el informe señala: 'La existencia de considerables listas de esperas para las consultas y, con ello, para conocer el diagnóstico de las dolencias que padecen los ciudadanos y prescribir el tratamiento médico adecuado, se aparta de los principios de eficacia y celeridad en que se ha de inspirar la actuación de las Administraciones públicas'.

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