Servicios Sociales suspende la actividad de un centro de ancianos 'pirata' en Retiro

La Consejería de Servicios Sociales ha decretado el cese de actividad -lo que supondría de hecho el cierre- de una residencia de ancianos pirata ubicada en el distrito de Retiro. Agentes de la Policía Municipal inspeccionaron el martes por la tarde la vivienda, situada en la avenida del Mediterráneo, y comprobaron que en su interior vivían cinco ancianos con edades comprendidas entre los 80 y los 90 años, así como un minusválido de 41 años. Los policías levantaron acta y remitieron toda la documentación a la Junta Municipal del distrito, que a su vez dio traslado del asunto al Gobierno regional.

Una llamada anónima alertaba al teléfono 092 de la Policía Municipal de que los vecinos habían oído gritos en el quinto piso, letra C, del número 28 de la avenida del Mediterráneo. Cuando se personaron los agentes, comprobaron que en la vivienda había cinco mayores y el minusválido. Tras preguntarles cómo estaban, ninguno de los residentes les refirió maltrato físico o psíquico, por lo que los policías pidieron a la directora la documentación de la residencia. Según un portavoz del cuerpo, comprobaron que carecía de las licencias municipal y regional para ejercer esa actividad. Los vecinos también comentaron que, aunque el martes sólo había seis personas, otras veces han llegado a la decena.

La Policía Municipal remitió el atestado a la Junta Municipal de Retiro y a la Consejería de Servicios Sociales. Un portavoz de este departamento señaló que ya había iniciado el expediente para suspender la actividad del piso, porque carece de la autorización correspondiente.

La dueña de la residencia, Ada Albinagorta Córdova, niega las acusaciones de Servicios Sociales y asegura que el reglamento sobre residencias de la Comunidad de Madrid recoge que los centros de ancianos deberán tener más de cinco internos, por lo que ella está 'dentro de los límites'. Según señaló la propietaria, el pasado abril solicitó las licencias municipales y al Gobierno regional. En ambos departamentos le explicaron, sostiene Albinagorta, que no necesitaba ningún permiso especial para desarrollar su actividad, ya que no llegaba al mínimo legal de plazas.

'Estoy dada de alta en autónomos y pago el IVA y el IRPF como corresponde a mi trabajo. Además, doy trabajo a una joven peruana', comentó la dueña. La propietaria, de origen peruano y con nacionalidad española, explicó que cobra a los ancianos entre 70.000 y 100.000 pesetas mensuales. 'Varía en función de la pensión que tiene cada uno', dijo.