El PP propone más incompatibilidades para evitar casos como el de Ramallo
Los populares enviarán a la fiscalía todas las declaraciones en la Comisión
El Partido Popular quiere que el pleno del Congreso respalde 'endurecer el régimen de incompatibilidades de los cargos que dejen la CNMV' para evitar nuevos casos como el de Luis Ramallo, quien pasó de vicepresidente del órgano regulador a notario de Gescartera y de otras muchas empresas supervisadas por la CNMV. El portavoz del PP en la Comisión Gescartera, Vicente Martínez Pujalte, destacó ayer que ese endurecimiento también afectaría a los notarios. 'Te puedes inhibir y argumentar que has estado en la CNMV, para que no parezca que allí te has ganado los clientes para cuando dejaras el cargo', dijo.
El PP entregó ayer en el Registro del Congreso sus 38 páginas de informe de conclusiones sobre la Comisión Gescartera. Las presentó en rueda de prensa e invitó a los partidos de la oposición a que las estudien por si encuentran medidas que puedan ser consensuadas. De entrada, mientras el PSOE anunciaba que propondrá que se remita a la Fiscalía las declaraciones de determinados comparecientes, como los hermanos Enrique y Pilar Giménez-Reyna, la ex presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, o el ex número uno del HSBC en Madrid, Jaime Galobart, porque intuye que mintieron, el PP contraatacó y dijo que 'remitirá toda la documentación de la comisión de investigación' a la Audiencia Nacional.
En su particular relato de lo que ha acontecido en Gescartera, el PP arranca con la afirmación, que ya enarboló Pilar Valiente el 2 de agosto todavía como presidenta de la CNMV, de que fue 'la propia Comisión de Valores, en cumplimiento de las responsabilidades que le son propias, sin mediar denuncia de clientes ni de socios, ni tampoco salvedades de la auditoría', la que decidió intervenir Gescartera. Y lo hizo, según el PP, 'en atención a la imposibilidad de conocer la situación económico financiera de Gescartera y el destino de los fondos que administraba'.
Ésta fue la explicación oficial desde el principio. Obviaba que en la 'imposibilidad' de saber lo que ocurría en Gescartera ya se encontró el equipo de supervisores de la CNMV encabezado por David Vives en abril de 1999. Y entonces se consideró necesario tener 'la seguridad' de que exitía un descuadre patrimonial.
Aquel tormentoso mes de abril, que ha quedado reflejado en la agenda de Pilar Giménez-Reyna y en las contradictorias versiones del famoso consejo del día 16 ofrecidas ante la comisión de investigación se saldan, en el informe del PP, en un par de párrafos. El primero relata la verdad de las actas: La ampliación del expediente sancionador a todo el consejo de administración de Gescartera por la presunta comisión de dos infracciones muy graves. El segundo párrafo subraya que ese 16 de abril de 1999, como siempre en el consejo de la CNMV, 'todas las decisiones se adoptan por unanimidad'.
Contactos inadecuados
El PP acepta que 'en las comparecencias se han manifestado contradicciones' entre los consejeros, pero son diferencias que 'no tienen reflejo ni en el acta de la reunión ni en el orden del día de la convocatoria'. La unanimidad es, dice, lo relevante, y así lo hace constar en el capítulo dedicado a la 'valoración' del funcionamiento de la CNMV. Allí destaca que 'las decisiones adoptadas contaron con el respaldo, sin fisuras, de todos los consejeros'. Y que esas decisiones se adoptaron 'de acuerdo con las propuestas de los técnicos'.
Las dimisiones de Enrique Giménez-Reyna y de Pilar Valiente reciben, en las conclusiones del PP, una nueva justificación. La salida del ex secretario de Estado de Hacienda fue presentada como una decisión personal, pero el PP juzga ahora que fue una destitución, ya que 'su posición como presidente de la Agencia Tributaria era incompatible con su vinculación familiar con Gescartera'. 'Posteriormente', agrega, quedó 'constatado' que Giménez-Reyna había mantenido 'contactos considerados inadecuados para un secretario de Estado' con Gescartera. La salida de Pilar Valiente era, hasta las conclusiones del PP, un sacrificio personal en el que su honorabilidad personal y profesional quedaba inmaculada. El PP matiza ahora que el Gobierno le aceptó la dimisión por 'la existencia de contactos en relación con Gescartera'.
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