Chaves sospecha que detrás de los pactos PP-GIL hay una 'red' de intereses políticos y económicos

El secretario general del PSOE andaluz y presidente de la Junta, Manuel Chaves, fue ayer más lejos en el análisis de la moción de censura de Estepona. Dijo que tiene la 'sospecha' de que detrás de los pactos del PP con ex concejales del GIL hay una 'presunta red de intereses políticos y financieros', que se extiende por una cadena de pueblos que bordean la costa de Málaga y Cádiz. En el informe político ante el Comité Director del PSOE (máximo órgano entre congresos), Chaves señaló que la peor cara que define a los populares es 'la ocupación del poder por el poder, a cualquier precio'.

El líder de los socialistas dijo a los suyos que el caso de la moción de censura que presentará el PP junto con ex ediles del GIL en Estepona 'no es un caso aislado', ya que si se observa lo que ha ocurrido en los últimos meses en la cadena de pueblos que bordean la costa de Málaga y Cádiz se puede llegar a la 'sospecha' de que detrás de los pactos hay una 'presunta red de intereses políticos y económico-financieros'. Chaves recordó lo ocurrido en Barbate, La Línea de la Concepción, San Roque o Tarifa, localidad donde el PP ha llegado a la 'aberración de apoyar a alguien que sólo obtuvo 300 votos'. 'Ahora se trata de Estepona y después ya veremos', vaticinó.

El dirigente socialista quiso aclarar que hacía un análisis político, aunque auguró que podría encontrase hoy con el anuncio de una nueva querella por parte de los dirigentes populares. 'Cada vez que hacemos una denuncia política', enfatizó, 'el PP anuncia una querella, en una estrategia intimidatoria, no sólo contra nosotros, sino contra los medios de comunicación que recogen las declaraciones'. No obstante, advirtió que sería bueno hacer un recuento de las querellas que dice que va interponer el PP contra el PSOE y las que realmente presenta.

Manuel Chaves afirmó que la 'peor cara' que define al PP es la de la 'ocupación del poder por el poder, a cualquier precio y sin ningún límite ético'. 'Y podemos decir, con la cabeza muy alta', enfatizó, 'que no todos somos iguales para que no haya duda', tras lo que se refirió a la expulsión de los ediles del PSOE que pactaron en Manilva (Málaga) con el GIL. En opinión de Chaves, este partido es la 'extrema derecha' y, en consecuencia, dedujo que el PP, al entablar alianzas con él, está mostrando su faceta 'más derechista' en Andalucía, con las 'prácticas políticas más deleznables'.

El socialista hizo otra observación sobre el fenómeno que está ocurriendo en la costa andaluza: 'Si examinamos la actitud de los alcaldes del GIL y del PP en esta zona veremos que son personas perfectamente intercambiables, ya que utilizan los mismos medios, el mismo talante, son los mismos, y eso explica en el fondo los pactos'. Para el presidente, estos acuerdo, y el caso Gescartera, representan el 'gran fiasco' de la operación de regeneración política que anunció a 'bombo y platillo' José María Aznar.

El Comité Director del PSOE aprobó ayer una resolución política en la que exige al PP 'una respuesta contundente' a la actuación de sus concejales en Estepona, con la aplicación de medidas disciplinarias, así como la condena pública de la moción. Por el contrario, un portavoz de la ejecutiva provincial del PP confirmó que 'la moción sigue adelante'.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Estepona solicitó ayer su personación como acusación particular en las diligencias abiertas por el Juzgado número 2 de la ciudad a instancias de la Fiscalía de Málaga contra cuatro de los siete ex ediles del GIL que han firmado la moción de censura. Los concejales están imputados por un supuesto delito de fraude cometido durante el mandato de Jesús Gil Marín. La medida fue aprobada en comisión de gobierno el pasado 27 de septiembre por unanimidad de los grupos que formaban entonces el gobierno cuatripartito (PSOE, PP, IU y PA), que acordaron emprender acciones legales contra Gil Marín y sus concejales.

Lorenzo Guerra, Víctor Sánchez Pinacho, Juan José Zapico y Jóse López, que se afiliaron el martes al PP, ocupaban en la fecha de la denuncia -mayo de 1999- las delegaciones de Bienestar Social, Urbanismo, Personal y Deportes con el GIL. Los ediles formaron parte de la comisión de gobierno que aprobó la adjudicación de los derechos urbanísticos de 40.000 metros cuadrados de terrenos municipales a una sociedad cuyo apoderado era el secretario del consejo de administración de una empresa presidida por Jesús Gil Marín, entonces alcalde de Estepona.