El Defensor del Pueblo pide que se investigue la construcción defectuosa de unas casas en Málaga

El Defensor del Pueblo andaluz ha solicitado a la Fiscalía de Málaga que investigue las circunstancias que rodearon la construcción de la segunda fase de la Urbanización Heliomar, un total de 44 adosados de protección oficial con graves defectos de construcción. En 1991, la Junta ya sancionó al Patronato Municipal de la Vivienda de Málaga por las deficiencias que presentaban las casas, pero nunca han llegado a solventarse los problemas. Las grietas y filtraciones provocan humedades que han ocasionado a varios vecinos graves problemas de huesos y alergias.

El proyecto original de la urbanización, que contemplaba la construcción de 51 viviendas, fue alterado, sin que en el proyecto reformado conste visado alguno de la Consejería de Obras Públicas de la Junta. Finalmente, se construyeron 44 adosados, sin aislamientos en las paredes ni juntas de dilatación.

Las casas fueron entregadas a sus compradores en 1989. Ese año, las fuertes lluvias que cayeron en Málaga pusieron en evidencia los defectos de construcción: aparecieron grietas y humedades por doquier. Dos años más tarde, la denuncia presentada por unos vecinos provocó la apertura de un expediente sancionador por parte de la Consejería de Obras Públicas al Patronato Municipal de la Vivienda.

A raíz de aquel expediente, se hicieron algunas reparaciones en las casas, pero fue en vano: los problemas eran estructurales, y la humedad siguió calando las casas y los huesos de sus inquilinos. Uno de ellos, José Romero Medina, albañil de profesión, decidió en 1994, después de agotar la vía administrativa, interponer un recurso contencioso-administrativo contra la Consejería de Obras Públicas de la Junta, corresponsable de la construcción de las viviendas.

Enfermedades óseas

Por esas fechas, su esposa y él padecían ya dolencias óseas por culpa de la humedad. Actualmente, Romero tiene reconocido un 66% de minusvalía a causa de una osteoartrosis, y su cónyuge, un 56% de minusvalía por el mismo problema. Dos de sus hijos, que conviven con el matrimonio, están afectados por una alergia causada por los ácaros de la humedad.

Al principio, el afectado pensó que los tribunales pondrían solución a su caso, pero esta vía se ha visto obstaculizada por un problema: el juez determinó que un perito judicial debía efectuar una valoración de los daños que sufre su vivienda, y hasta ahora ninguno de los seis peritos nombrados ha aceptado el cargo. En sus renuncias, todos alegan imposibilidad de ser imparciales por tener relaciones laborales con la Consejería de Obras Públicas.

La renuncia del último perito se produjo el 30 de mayo de 2001. Este técnico había sido designado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el 6 de mayo de 1999, tras rechazar otros cinco la práctica de la prueba. Pero sólo presentó la renuncia después de que la sala le notificase, el 28 de mayo de 2001, que tenía tres días para proceder a la práctica de la pericial. Tras este último rechazo, la sala aún no ha designado un nuevo perito.

Quien sí ha certificado los riesgos que las humedades de las casas representan para la salud de sus habitantes es la Delegación Provincial de Salud de la Junta, que inspeccionó las viviendas en 1996. También los ha hecho constar el perito de la compañía con la que Romero tiene contratado el seguro del hogar, en un informe expedido para rechazar que su empresa asuma las reparaciones. En este informe se hace constar que los problemas obedecen a 'defectos de construcción' y se hace mención a que el proyecto 'no está visado por la Junta de Andalucía'.

Así las cosas, Romero, que aún tiene que seguir pagando la hipoteca de la casa otros 12 años, ha decidido recurrir por segunda vez al Defensor del Pueblo andaluz -la primera queja, que también fue admitida a trámite, la elevó en 1999-, mientras soporta grietas y caladeros sin atreverse a parchear el problema 'porque el perito judicial, cuando venga, tiene que ver la casa tal cual está'.

Los demás vecinos han tomado caminos diferentes: 'unos se han marchado a vivir a otras casas y otros, como aceptaron el dinero que nos dio el Patronato para los primeros arreglos, están callados porque creen que han perdido el derecho a reclamar', explica Romero. Él y su abogado, designado por turno de oficio tras serle reconocido el derecho a asistencia jurídica gratuita, siguen intentando que la justicia se pronuncie sobre el caso.