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TENSIÓN MUNICIPAL EN CÁDIZ

El PSOE gaditano admite como edil a una militante contratada en un proceso investigado en la Diputación

Los socialistas argumentan que la exclusión de la concejal sería 'condenarla de antemano'

La marcha de dos ex concejales del PSOE, María de la O Jiménez y Antonio Perales, y la renuncia de uno de los sustitutos previstos en la lista electoral socialista ha sumido al PSOE de Cádiz en una incómoda situación política: el puesto de edil vacante le corresponde a la militante María del Carmen Álvarez, que fue una de las cinco elegidas en unas oposiciones a la Diputación de Cádiz que están siendo examinadas por 'supuestas irregularidades' en una comisión de investigación. El PSOE defiende a la edil y alega que 'hay que preservar la presunción de inocencia'.

El grupo municipal socialista ha sufrido dos bajas en las últimas semanas. Se trata de María de la O Jiménez, anterior portavoz, y Antonio Perales, que dejaron el acta de concejal porque se trasladaron a Sevilla para trabajar en la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía y en el Instituto de Fomento Andaluz (IFA), respectivamente. El lugar de Jiménez lo ocupa desde ayer Manuela Molina, dirigente vecinal de la barriada de la Paz de Cádiz, que tomó posesión en el pleno municipal.

El puesto de Antonio Perales le correspondía al número ocho de la lista electoral del PSOE, el médico José María Jiménez Moreno. El secretario del Ayuntamiento de Cádiz informó ayer en el pleno de que Jiménez ha renunciado al cargo por motivos profesionales y que, por tanto, el puesto lo ocupará María del Carmen Álvarez. Fuentes cercanas a esta militante informaron de que Álvarez aún no tiene decidido si aceptará el acta de concejal, que le corresponde por el orden que ocupó a la lista electoral del PSOE.

Supuestas irregularidadesÁlvarez formó parte de un grupo de cinco trabajadores seleccionados en unas oposiciones para ayudantes de servicios especiales y de auxiliares administrativos. El sindicato Comisiones Obreras denunció supuestas irregularidades en el cuestionario de preguntas de los exámenes. Un reciente pleno de la Diputación de Cádiz aprobó -a instancias del presidente de esta institución, el socialista Rafael Román, ante las presiones y denuncias sindicales y del PP- que se creara una comisión de investigación que determinase si se cometieron algunas irregularidades en este proceso y en una bolsa de empleo de interinos para cubrir sustituciones.

El secretario provincial del PSOE y vicepresidente de la Diputación, Francisco González Cabaña, confirmó ayer que la sustituta de Antonio Perales será María del Carmen Álvarez. Según el máximo dirigente socialista en Cádiz, 'el PSOE tiene que guardar la presunción de inocencia desde el principio sobre la situación de esta persona hasta que no se pronuncie la comisión'. González Cabaña justificó la decisión del PSOE: 'No podemos esperar a que se resuelva la comisión, a que tenga su dictamen, sino que tenemos que poner en marcha un mecanismo de sustitución. Si nosotros prescindiéramos de María del Carmen Álvarez la estaríamos condenando de antemano y eso no es justo. No queremos juzgar de antemano, no quiero que una persona, que ahora mismo no es responsable de nada que se haya podido demostrar, sea acusada y condenada', dijo el vicepresidente de la Diputación, quien se comprometió a 'adoptar medidas' si la comisión de investigación detecta que sobre Álvarez 'recae alguna responsabilidad'. Con todo, vaticinó que no habrá 'ninguna implicación' en las supuestas irregularidades denunciadas por el PP y el sindicato CC OO.

De similar manera se pronunció el secretario local del PSOE de Cádiz, José Antonio Iglesias. 'Nosotros tenemos que actuar de acuerdo con las normas y las bases del partido. No sólo hay que estar dentro de la norma y la ley, sino dentro del código ético del partido, porque no podemos exigir al adversario comportamientos éticos si nosotros no hacemos lo mismo', dijo Iglesias, quien, con todo, apeló a la decisión final que adopte la comisión de investigación. 'No somos la justicia. Actuaremos en cuanto tengamos motivos y argumentos suficientes para poner en tela de juicio la labor de una militante', explicó Iglesias.

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