Mueren seis ancianos al quemarse una residencia ilegal en Portugal

Un incendio fortuito en un centro geriátrico de Cascais (Portugal) provocó ayer la muerte de seis ancianos, con edades comprendidas entre los 70 y los 80 años de edad. El secretario de Estado para la Seguridad Social, José Simoes de Almeida, reconoció que la residencia de ancianos no contaba con la autorización preceptiva de las autoridades y ni siquiera tenía extintores de incendios o salidas de emergencia.

El suceso comenzó a las 7.50 hora local (una más en la España peninsular) cuando la lámpara de una habitación cayó sobre las sábanas de una cama. Las llamas provocaron la muerte por carbonización del anciano que ocupaba ese cuarto y el fallecimiento por asfixia de otros cinco. La enfermera de la residencia que descubrió el incendio no tenía teléfono móvil y tuvo que trasladarse a un local próximo para avisar a los servicios de socorro. Los bomberos llegaron una hora después de iniciado el suceso y sólo pudieron rescatar con vida a los otros tres ocupantes de la residencia, la mayoría sin poderse mover de sus camas.

Entre las víctimas mortales figura el abogado Manuel de Palma Carlos, un reconocido opositor a la dictadura salazarista, según informa France Presse. De Palma defendió a los presos políticos de la revolución de los claveles, que puso fin al régimen totalitario en abril de 1974.

El responsable del centro geriátrico, Mohamed Ismael, explicó a los medios de comunicación que había invertido todos sus ahorros en la residencia de ancianos, pendiente de licencia gubernativa, y reconoció que las instalaciones no contaban con extintores de incendios ni con salidas de emergencia.

A pesar de sus aparentes buenas condiciones de salubridad, la ausencia de control de los enfermos y de las correspondientes medidas de seguridad favorecieron la tragedia, según las primeras investigaciones. Varios agentes de la Policía Judicial iniciaron ayer mismo las primeras indagaciones oficiales sobre el caso.

El secretario de Estado para la Seguridad Social, José Simoes de Almeida, reconoció en el lugar de los hechos que la residencia era ilegal y no contaba con las mencionadas autorizaciones preceptivas para este tipo de residencias. Las autoridades sanitarias portuguesas han admitido que sólo en el distrito de Cascais existen más de 50 hogares de ancianos, de los cuales sólo dos cuentan con las debidas autorizaciones legales. Asimismo Simoes de Almeida añadió que las autoridades portuguesas han cerrado en los últimos seis años más de 200 residencias de ancianos por falta de condiciones mínimas.