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La nueva ley sanitaria desincentivará las inversiones públicas, afirma el Consejo Económico y Social

El Consejo Económico y Social (CES), organismo asesor del Gobierno central, considera que el proyecto de Ley Sanitaria elaborado por el Ejecutivo regional de Alberto Ruiz-Gallardón 'puede llevar a la desincentivación de las inversiones públicas para cubrir las necesidades que demanda el ciudadano'. Así se dice en el informe que aprobó ayer esta entidad, con el voto negativo del grupo sindical, y que critica además que el Gobierno haya tramitado la ley -que regulará el modelo sanitario cuando la Comunidad pase, en enero, a gestionar los 17 hospitales hoy dependientes del Insalud- por vía de urgencia.

Los sindicatos CC OO y UGT elaboraron un voto particular al considerar que el informe del CES no recogía su postura. 'Colocar la oferta privada al mismo nivel horizontal que la pública es exponer el sistema sanitario público a su desaparición y apostar paulatinamente sus recursos en favor de los privados', sostienen los sindicatos. Aunque coinciden con el informe del CES en un punto: las competencias del futuro Defensor del Paciente 'son de muy poca entidad'.

El proyecto de Alberto Ruiz-Gallardón tampoco ha gustado al grupo socialista, que ya ha adelantado que votará en contra. La razón: deja manos libres a su Consejo de Gobierno para convertir cualquiera de los grandes hospitales de la capital o la región en fundaciones o consorcios, 'o en cualesquiera otras entidades de las admitidas en derecho', sin tener que debatir este asunto en la Asamblea madrileña.

Facultades

El artículo 9.2 del anteproyecto regional faculta a la Consejería de Sanidad de la Comunidad para elevar al Consejo de Gobierno 'la propuesta de constitución de organismos, la formación de consorcios y la creación, por parte del Servicio Madrileño de Salud, del Instituto Madrileño de la Salud, del Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y de la Agencia de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid, y de cualesquiera otras entidades admitidas en derecho o su participación en las mismas'.

Pedro Sabando, portavoz socialista, lamenta que el PP no haya consensuado con los demás grupos la ley, y se queja de 'la ambigüedad' que gravita sobre al menos 80 de sus 170 artículos. Según Sabando, los supuestos logros contenidos en esa ley, que enarbola la Comunidad, no son tales y están encaminados a personas que 'no se han leído la ley'. La futura norma 'reserva al Consejo de Gobierno', dice el portavoz, 'la posibilidad de convertir centros públicos [lo son los actuales hospitales] en otras entidades'. De hecho, el Instituto Madrileño de la Salud, organismo que gestionará los 17 hospitales del Insalud que van a ser transferidos a la Comunidad, se concibe en la ley como un organismo 'sujeto a derecho privado', capacitado para transformarse él o cualquiera de sus unidades (los hospitales) en otras entidades.

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