De mal en peor

La renovación de los cargos institucionales ha ido de mal en peor desde que en 1985 entró en el lote de los designados por el Parlamento la totalidad de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La que culminó ayer en el Congreso con la elección de 10 vocales del CGPJ, seis consejeros del Tribunal de Cuentas y cuatro magistrados del Constitucional (pendiente todavía la elección del Senado) se ha llevado la palma como expresión de las peores prácticas partidarias. Y se han hecho notar más, si cabe, por las esperanzas que hizo albergar el Pacto por la Justicia con la participación de los jueces en el proceso de elección.

El PP y el PSOE, firmantes de ese pacto, se las han arreglado para mofarse de su espíritu a las primeras de cambio. Las cuotas de poder en instituciones que por su naturaleza y función -ser órganos de control y de supervisión democráticos- deberían estar fuera de la influencia directa de los partidos han sido el motivo central negociador de ambos, aprovechando que reúnen la mayoría cualificada de 210 diputados. Y a ese objetivo han supeditado todo lo demás: no les ha importado dejar por primera vez fuera de instituciones básicas del Estado a las fuerzas nacionalistas -al PNV, del CGPJ, y a CiU, del Tribunal Constitucional- y han colocado por encima de la reconocida competencia de los candidatos, requisito exigido por la Constitución, criterios de proximidad política y personal. Todo ello agravado por el hecho de que este acuerdo para el reparto se ha cocinado al margen del Parlamento, que se ha limitado a convocar unas sesiones de idoneidad puramente litúrgicas.

Ni siquiera han intervenido las Cámaras para desbloquear el conflicto suscitado por una impertinencia de Rato, respondida por los socialistas con un órdago sin cartas en la mano. El espectáculo ha sido lamentable. Desde luego, no es con este tipo de prácticas como los políticos pueden recuperar un prestigio social que no les sobra y sin el cual no puede funcionar una democracia sana. Sólo queda esperar que los elegidos actúen con la exigible independencia e idoneidad profesional al servicio de las instituciones.