Parte de las infraestructuras de la Operación Chamartín se pagarán con fondos públicos

La nueva Castellana tendrá el doble de los ladrillos previstos y, además, se financiará en parte con fondos públicos. El convenio que desarrollará la Operación Chamartín, a punto de firmarse entre el Ayuntamiento, la Comunidad y la empresa Duch (Desarrollo Urbanístico Chamartín), modificará las condiciones de esa operación, diseñada en 1993 para cubrir el haz de vías que llegan a la estación de Chamartín y construir sobre ellas el nuevo centro financiero de la capital. Las administraciones asumirán parte de los costes del nudo norte (en la M-30) y supernorte (M-40 a la altura de Monoteras). Además, la edificabilidad subirá en un 50% para igualarse casi con la fijada en los terrenos de la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

Los principales responsables de la Operación Chamartín han mantenido ya varias reuniones de trabajo para preparar el relevo en la presidencia del consorcio formado por las tres administraciones (Comunidad, Ayuntamiento y Ministerio de Fomento) y las empresas Renfe -propietaria de la mayoría de los terrenos afectados por la operación- y Desarrollo Urbanístico Chamartín (Duch), empresa del grupo BBVA y concesionaria de la operación. Benigno Blanco, secretario de Estado de Infraestructuras, será relevado en la presidencia del consorcio por el vicepresidente regional, Luis Eduardo Cortés, en la primera quincena de noviembre, y ello no significará un mero cambio de nombres, sino que irá acompañado de modificaciones fundamentales en la que está considerada como la operación urbanística más importante de España.

Esos cambios, según fuentes conocedoras de las negociaciones, son consecuencia directa del convenio firmado en mayo pasado por el Ayuntamiento y la Comunidad con el Real Madrid autorizando la construcción de cuatro grandes torres en la Ciudad Deportiva del equipo blanco, y pasan por que las administraciones asuman parte de los costes de las infraestructuras necesarias para hacer realidad los 2,8 kilómetros que se prolongará el paseo de la Castellana para llegar hasta la M-40. Además, la edificabilidad de la llamada nueva Castellana, fijada por el Plan General de Ordenación Urbana en 0,6 metros cuadrados construidos sobre cada metro de suelo [edificios de seis plantas], se doblará, para situarse en torno a 1,2 metros cuadrados de ladrillos por cada metro de terreno, según fuentes del Ayuntamiento y del Gobierno regional. Una edificabilidad muy cercana a la establecida en los terrenos del Real Madrid (1,4).

Luis Eduardo Cortés -que ha encargado a Emilio Cebamanos, presidente de Duch, un nuevo estudio económico para actualizar los costes de las 56 infraestructuras previstas en la operación- considera acertada esa nueva edificabilidad, aunque eludió concretar si será la cifra definitiva hasta que no queden totalmente cerrados todos los aspectos del convenio que firmarán próximamente las administraciones con Duch.

Plusvalías

'Sigo diciendo que debe fijarse la edificabilidad que sea necesaria para garantizar la operación, pero podría ser esa cifra [1,2]', apuntó el vicepresidente regional. Duch, adjudicataria del concurso convocado en 1993 por Renfe para realizar la Operación Chamartín, evaluó en 125.000 millones de pesetas (751 millones de euros) el coste de las infraestructuras. El convenio urbanístico que dio origen a la operación especificaba que ese dinero tenía que salir íntegramente de las plusvalías generadas por la venta de los miles de viviendas y oficinas previstas. Pero, ya en 1997, Duch planteó que para poder sufragar esos costes había que subir la edificabilidad. Eso o que las administraciones pagasen parte de los costes.

'Se están reajustando todas las cifras porque las infraestructuras se evaluaron antes de la firma del convenio con el Real Madrid. Ahora, con los nuevos flujos de tráfico que habrá en la zona y las instalaciones necesarias para las cuatro grandes torres previstas en esos terrenos, será precisa una inversión mayor. A eso se añade que en el convenio con el Real Madrid no está incluido que esos costes se financien con las plusvalías, pero no pueden imputarse tampoco a la cuenta de resultados de la Operación Chamartín', indican fuentes del consorcio.

Con ese replanteamiento de la operación, el concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, concretó el pasado jueves, en el pleno municipal, que el Ayuntamiento desembolsará más de 6.500 millones de pesetas (39 millones de euros) para la construcción de los sistemas generales de la nueva Castellana (alcantarillado, canalizaciones para los tendidos de luz y telefonía y otras instalaciones).

Nudos de conexión

Además, según Del Río, las tres administracciones (Fomento, Comunidad y Ayuntamiento) deberían asumir parte de los costes de los nudos norte y supernorte. Argumentó el edil que el primero de ellos, situado entre los hospitales Ramón y Cajal y La Paz, enlaza la M-30 con la carretera de Colmenar (M-607) y el paseo de la Castellana. El nudo supernorte será el cierre de la nueva Castellana y estará situado en la M-40 a la altura de Manoteras. Desde ambos nudos se conectará con la N-VI y la N-I.

Si se emplean fondos públicos para una operación inicialmente diseñada con coste cero para la Administración, la oposición (PSOE e IU) van a reclamar de nuevo su derecho a estar presentes en el consorcio. 'La Operación Chamartín ha recibido en los últimos días un impulso evidente, pero en una dirección muy cuestionable: se está diseñando, proyectando y gestionando conforme a los objetivos puramente empresariales de Duch, con la complicidad activa e irresponsable del PP en Ayuntamiento y Comunidad', afirma Rafael Simancas, portavoz municipal del PSOE. Simancas se opone tajantemente a que los índices de edificabilidad 'suban de 0,7, para evitar la colmatación urbanística de la zona'.

'Los acuerdos a los que parece que han llegado Cortés y Del Río con la empresa son un poco precipitados. La Operación Chamartín es un ámbito de actuación mucho mayor que el de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, y no se pueden extrapolar sin más las cifras de edificabilidad. Antes de hablar sobre esos aspectos, hay que plantear que se desarrolle como una operación más transparente y con participación de la oposición en el consorcio', agrega Sabanés, portavoz de Izquierda Unida.