El Consejo Fiscal propugna que los menores declaren en las fiscalías en vez de en dependencias policiales

El Consejo Fiscal considera necesario que los menores sospechosos de haber incurrido en responsabilidad penal declaren en las sedes de las fiscalías antes que en dependencias policiales y que se complete el personal de los equipos técnicos encargados de realizar informes sobre los menores.

Según informó anoche la Fiscalía General del Estado, el Consejo Fiscal estudió un informe elaborado por la Inspección sobre la influencia de la Ley Penal del Menor en las distintas fiscalías.

El informe pone de manifiesto la necesidad de establecer guardias de 24 horas en las fiscalías de Valencia, Sevilla y Málaga, tal y como ya funcionan en Madrid y Barcelona. Establece además la conveniencia de que la declaración del menor no acompañado por padres o tutor se realice en la sede de la Fiscalía, en presencia del fiscal y de los funcionarios policiales encargados del caso, preferiblemente a que tenga lugar en dependencias policiales.

La Inspección señala que las plantillas de fiscales están asumiendo el incremento de carga de trabajo que ha supuesto la entrada en vigor de dicha ley. Pero también constata la necesidad de equipos informáticos y programas compatibles entre los desarrollados por las comunidades autónomas con competencias en Justicia y las que no las tienen.

Respecto a la futura Ley de Retribuciones para jueces y fiscales, el Consejo Fiscal acordó que dos de sus miembros trasladen a los representantes del Ministerio de Justicia algunas dificultades que han encontrado para adaptar la fórmula de los módulos de productividad de los juzgados al modo de funcionamiento de las fiscalías.

El Consejo Fiscal trasladará también al Ministerio de Justicia una solicitud de aumento de plantilla en los juzgados civiles.

Al comienzo de la reunión, el vocal Eduardo Torres-Dulce informó de la petición del fiscal Bartolomé Vargas -trasladado forzosamente por pedir la imputación del ministro Josep Piqué en el caso Ercros-, de que se aplazase el estudio y pronunciamiento sobre su relevo, por encontrarse afectado por motivos familiares.