Nuevos retos, nuevas soluciones

En los albores de nuestra democracia, a finales de la década de los setenta, un mar de siglas irrumpió por nuestras calles y plazas como iconos de las aspiraciones democráticas. Eran tiempos de lucha política por la democracia. Tan sólo una década más tarde, las siglas se enseñorearon del mundo económico. Fue la época de las grandes fusiones bancarias, el tiempo de la macroeconomía. Ahora surge una nueva marea de siglas de claro contenido social ¿significa ello que hemos dado una nueva vuelta de tuerca hacia lo social? A ello trataré de dar respuesta en estas líneas, escritas a propósito de la constitución del Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados (Ivadis).

Bajo el paraguas de discapacitados se ampara todo un grupo plural de personas que por circunstancias diversas deben afrontar la vida en inferioridad de condiciones respecto al común de los mortales. Personas, al fin y a la postre, que nacidas con una discapacidad no han podido desarrollar sus cualidades en igualdad de condiciones. Muchas de ellas y, especialmente sus familiares, han debido soportar la caridad y la beneficencia, cuando no la injusticia social como consecuencia de un eslabón perdido de la evolución humana.

Las sociedades avanzadas como la nuestra han afrontado el reto de la integración desde diversos ángulos, pero todos con un mismo fin: ofrecer a las personas discapacitadas psíquicas una formación que les incluya socialmente y a sus familiares les ofrezca la seguridad de que ellos pueden ser autónomos. Porque nada hay más angustioso para la familia de una persona con discapacidad que la necesidad de asegurar el futuro de los suyos cuando ellos no estén. Aunque en la finalidad ha existido desde siempre el acuerdo, en los medios se ha diferido con frecuencia. El eterno dilema entre seguir la línea recta o el zigzagueante camino que con seguridad nos llevará a la meta ha sido explorado en la Comunidad Valenciana con resultados dispares.

Corría el año 1986, cuando la Diputación Provincial de Valencia y la Generalitat Valenciana firmaban un convenio para la creación del Convaser, el primer Consorcio Valenciano de Servicios Sociales para la atención de las personas con discapacidades psíquicas. Era un primer paso para el ejercicio de las competencias propias de la Generalitat, pero reducidas al ámbito provincial. Hubo que esperar hasta 1993, para que estas mismas competencias se extendieran a la provincia de Castellón y después a Elche, con lo que el mapa de la Comunidad se consideraba cerrado con tres entidades autónomas que atendían a un mismo grupo social.

Este primer modelo, descentralizado eso sí, pero a su vez incomunicado, ha supuesto con el tiempo un grave problema que en la mayoría de las ocasiones comportaba un agravio comparativo entre los diferentes Convaser que, gracias a la profesionalidad de los trabajadores y la responsabilidad de la administración, no ha afectado a los verdaderos destinatarios del servicio de atención al discapacitado. Sin embargo, a nadie se nos escapa, que en una sociedad avanzada e incluso en vías de convertirse en inteligente es difícil afrontar la integración desde una estructura en compartimentos estancos. La atención, además de profesionalizada, debe integrarse en una red a disposición de las familias y de los profesionales para que estos últimos puedan compartir experiencias y mejorar así el tratamiento de los discapacitados.

La atención, tutela, formación e integración de las más de mil personas que hasta ahora se distribuían de manera separada en diez centros en la provincia de Valencia, cuatro en la de Castellón y otros cuatro en la de Alicante, recibirán a partir de este momento un servicio integral que abarcará otros ámbitos específicos de la atención a las personas con discapacidad física como pueden ser la atención sanitaria en residencias o centros de día, la formación y la orientación laboral de una manera centralizada y el acceso a viviendas tuteladas.

El Gobierno del presidente Zaplana, tras haber impulsado la creación de empleo, ha querido centrar sus actuaciones en el impulso de una nueva política social en la que destaca de forma clara la atención a las personas dependientes. Las personas mayores y los discapacitados están recibiendo por primera vez los beneficios de una política que asentó sus primeros pasos en la creación de empleo, gracias a la expansión económica. Ellos y sus familiares son los destinatarios de una sociedad de las oportunidades en la que nadie puede quedar al margen si queremos alcanzar la solidaridad y la cohesión social. La época de la beneficencia y la caridad ha pasado el testigo en los nuevos tiempos a la profesionalización y la calidad de vida como respuesta a las demandas sociales.

El Ivadis es una muestra más de la política emprendida durante esta legislatura, cuyo valor más destacable sería la capacidad para alcanzar acuerdos con la sociedad civil y sus agentes para dar una respuesta adecuada a los verdaderos problemas que acechaban a nuestro desarrollo social. Una vez más, los sindicatos, los trabajadores y las familias han percibido el carácter innovador de una política de bienestar cuya única finalidad es mejorar el nivel de vida de las personas en sentido amplio.

Ahora estamos seguros de que la creación del Ivadis es un paso más en la consolidación de un proyecto social público y abierto que pronto será imitado por otras comunidades. Por su parte, ahora corresponde a la iniciativa social abrir sus puertas a unas personas que a buen seguro van a recibir una formación que les permita desarrollar sus cometidos sin la menor merma.En los albores de nuestra democracia, a finales de la década de los setenta, un mar de siglas irrumpió por nuestras calles y plazas como iconos de las aspiraciones democráticas. Eran tiempos de lucha política por la democracia. Tan sólo una década más tarde, las siglas se enseñorearon del mundo económico. Fue la época de las grandes fusiones bancarias, el tiempo de la macroeconomía. Ahora surge una nueva marea de siglas de claro contenido social ¿significa ello que hemos dado una nueva vuelta de tuerca hacia lo social? A ello trataré de dar respuesta en estas líneas, escritas a propósito de la constitución del Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados (Ivadis).

Bajo el paraguas de discapacitados se ampara todo un grupo plural de personas que por circunstancias diversas deben afrontar la vida en inferioridad de condiciones respecto al común de los mortales. Personas, al fin y a la postre, que nacidas con una discapacidad no han podido desarrollar sus cualidades en igualdad de condiciones. Muchas de ellas y, especialmente sus familiares, han debido soportar la caridad y la beneficencia, cuando no la injusticia social como consecuencia de un eslabón perdido de la evolución humana.

Las sociedades avanzadas como la nuestra han afrontado el reto de la integración desde diversos ángulos, pero todos con un mismo fin: ofrecer a las personas discapacitadas psíquicas una formación que les incluya socialmente y a sus familiares les ofrezca la seguridad de que ellos pueden ser autónomos. Porque nada hay más angustioso para la familia de una persona con discapacidad que la necesidad de asegurar el futuro de los suyos cuando ellos no estén. Aunque en la finalidad ha existido desde siempre el acuerdo, en los medios se ha diferido con frecuencia. El eterno dilema entre seguir la línea recta o el zigzagueante camino que con seguridad nos llevará a la meta ha sido explorado en la Comunidad Valenciana con resultados dispares.

Corría el año 1986, cuando la Diputación Provincial de Valencia y la Generalitat Valenciana firmaban un convenio para la creación del Convaser, el primer Consorcio Valenciano de Servicios Sociales para la atención de las personas con discapacidades psíquicas. Era un primer paso para el ejercicio de las competencias propias de la Generalitat, pero reducidas al ámbito provincial. Hubo que esperar hasta 1993, para que estas mismas competencias se extendieran a la provincia de Castellón y después a Elche, con lo que el mapa de la Comunidad se consideraba cerrado con tres entidades autónomas que atendían a un mismo grupo social.

Este primer modelo, descentralizado eso sí, pero a su vez incomunicado, ha supuesto con el tiempo un grave problema que en la mayoría de las ocasiones comportaba un agravio comparativo entre los diferentes Convaser que, gracias a la profesionalidad de los trabajadores y la responsabilidad de la administración, no ha afectado a los verdaderos destinatarios del servicio de atención al discapacitado. Sin embargo, a nadie se nos escapa, que en una sociedad avanzada e incluso en vías de convertirse en inteligente es difícil afrontar la integración desde una estructura en compartimentos estancos. La atención, además de profesionalizada, debe integrarse en una red a disposición de las familias y de los profesionales para que estos últimos puedan compartir experiencias y mejorar así el tratamiento de los discapacitados.

La atención, tutela, formación e integración de las más de mil personas que hasta ahora se distribuían de manera separada en diez centros en la provincia de Valencia, cuatro en la de Castellón y otros cuatro en la de Alicante, recibirán a partir de este momento un servicio integral que abarcará otros ámbitos específicos de la atención a las personas con discapacidad física como pueden ser la atención sanitaria en residencias o centros de día, la formación y la orientación laboral de una manera centralizada y el acceso a viviendas tuteladas.

El Gobierno del presidente Zaplana, tras haber impulsado la creación de empleo, ha querido centrar sus actuaciones en el impulso de una nueva política social en la que destaca de forma clara la atención a las personas dependientes. Las personas mayores y los discapacitados están recibiendo por primera vez los beneficios de una política que asentó sus primeros pasos en la creación de empleo, gracias a la expansión económica. Ellos y sus familiares son los destinatarios de una sociedad de las oportunidades en la que nadie puede quedar al margen si queremos alcanzar la solidaridad y la cohesión social. La época de la beneficencia y la caridad ha pasado el testigo en los nuevos tiempos a la profesionalización y la calidad de vida como respuesta a las demandas sociales.

El Ivadis es una muestra más de la política emprendida durante esta legislatura, cuyo valor más destacable sería la capacidad para alcanzar acuerdos con la sociedad civil y sus agentes para dar una respuesta adecuada a los verdaderos problemas que acechaban a nuestro desarrollo social. Una vez más, los sindicatos, los trabajadores y las familias han percibido el carácter innovador de una política de bienestar cuya única finalidad es mejorar el nivel de vida de las personas en sentido amplio.

Ahora estamos seguros de que la creación del Ivadis es un paso más en la consolidación de un proyecto social público y abierto que pronto será imitado por otras comunidades. Por su parte, ahora corresponde a la iniciativa social abrir sus puertas a unas personas que a buen seguro van a recibir una formación que les permita desarrollar sus cometidos sin la menor merma.

Rafael Blasco es consejero de Bienestar Social.