Santana y los privilegios especiales

Dentro del ámbito de análisis de la moderna economía política, en concreto desde el enfoque de las teorías de la Elección Pública, ha adquirido gran relevancia el estudio de un nuevo concepto denominado búsqueda de rentas o de privilegios especiales. Por la misma se entiende el conjunto de actividades desarrolladas por sujetos o grupos, encaminadas a obtener regulaciones o intervenciones públicas que les reporten beneficios superiores a los que obtendrían si la actividad se desarrollase en un entorno competitivo.

En España son muchos los ejemplos que podemos encontrar de este tipo de actividades, siendo ejemplos paradigmáticos, por el escandaloso volumen de beneficios generados: el mal denominado proceso de transición a la competencia de las compañías eléctricas, con un coste de más de un billón de pesetas para los consumidores en los famosos CTC; o la denominada liberalización del precio de los carburantes, que está suponiendo decenas de miles de millones de beneficios al año para el oligopolio cartelizado resultante del fin del monopolio público, mediante el retraso sistemático en la adaptación de los precios de los carburantes a las bajadas en los precios del petróleo.

En Andalucía el caso de Santana es también un ejemplo de actividad de búsqueda de privilegios especiales, auspiciado en este caso por los trabajadores de la citada empresa. Así, sin entrar en las causas que al comienzo de los noventa llevó a la empresa a la banca rota, la realidad es que el mantenimiento de la actividad en manos privadas era imposible. Las pérdidas sistemáticas de una empresa no competitiva hacían irrevocable el cierre de la misma. Surgiendo un grave problema, no ya por la pérdida de más de 2.000 puestos de trabajo, sino porque dicha pérdida se concentraba en una zona de monocultivo industrial, carente de cualquier alternativa a corto plazo. De hecho, fue el impacto social que hubiera producido el cierre o la reestructuración no planificada de la misma lo que justificó la intervención pública, tanto del Estado como de la Junta de Andalucía (24.396 millones de pesetas aportados, 7.869 por el Estado y 16.527 por la Junta de Andalucía). Y fue, por tanto, dicha situación la que permitió a los trabajadores de Santana el mantenimiento de unos ingresos, por cierto, muy superiores a los de las empresas de la provincia sujetos al Convenio Provincial del Metal.

Las reformas estructurales asociadas a esa intervención pública tuvieron como resultado el mantenimiento de la actividad y cierta recuperación, sin embargo, nuevas circunstancias de la economía internacional, en particular la depreciación del euro frente al yen, han vuelto a poner en crisis una empresa claramente inadaptada a la realidad empresarial del sector, avocándola a una nueva reestructuración, ahora ya más realista y destinada a segregar y privatizar partes de la empresa, dada la inviabilidad económica de una estructura que en el año 2.000 ha perdido más de 7.000 millones de pesetas (unos 7.000.000 de pesetas por trabajador). A pesar de ello, el gobierno andaluz ha seguido implicado en el intento de mantener durante el mayor tiempo posible los puestos de trabajo (evidentemente desde la entrada en el Gobierno central de J.M. Aznar, las ayudas del Estado han desaparecido por completo) y ello ha supuesto la presentación de una nueva estrategia que podría llegar a costar unos 40.000 millones de pesetas adicionales y que ha tenido grandes dificultades para su aprobación por la Unión Europea.

No obstante este esfuerzo (de unos 40 millones de pesetas por trabajador), que vuelve a suponer el mantenimiento de una empresa hoy inviable, que por la libre acción del mercado muy probablemente hubiese desaparecido hace mucho tiempo, y de unos ingresos para los trabajadores muy superiores a los del sector del entorno, se ha lanzado una nueva campaña de movilizaciones por parte de sus trabajadores para intentar mantener esos privilegios especiales, que desde luego jamás se hubiesen producido de no haber existido en su momento ese monocultivo industrial y esa dependencia social.

Los trabajadores de Santana deben entender que es mucho el dinero de los contribuyentes que, pasando por sus bolsillos, se ha dedicado y se pretende dedicar a intentar no hacer depender de Santana a la comarca y que pierden toda su legitimidad moral empeñándose en mantener indefinidamente unos privilegios, que son claramente discriminatorios con respecto al resto de trabajadores y que imposibilitan la adaptación de la estructura productiva de la comarca a la realidad económica. Legitimidad que todavía pierden mucho más con tanganas como la organizada en el Parlamento de Andalucía el pasado día 24 de octubre, en la que violentaron la voluntad popular e insultaron a los representantes del pueblo andaluz.

Ni la violencia contra las instituciones, ni los altercados, ni el vandalismo callejero, como el recientemente producido en Sevilla, son recetas para resolver los problemas económicos. Los problemas económicos se resuelven con soluciones económicas, entre las que no se encuentra la estatalización de la economía, como a todas luces demuestra el colapso de los regímenes comunistas o el sistemático declive de la economía argentina, aquejada de la enfermedad crónica del peronismo. Es necesario entender que, en la economía global, la solución a las crisis pasa por producir más, con más calidad y menores costes y eso, en el caso de Santana, lleva irremediablemente a la cooperación para aplicar el plan trazado por la Junta de Andalucía, que no es más que el que han aplicado las grandes empresas de automoción de todo el mundo. Lo contrario es, simple y llanamente, querer vivir indefinidamente del privilegio especial que supone la estatalización de pérdidas. Privilegio que la izquierda moderna no puede consentir para evitar el desprestigio del Sector Público, instrumento básico en nuestras políticas de corrección de las desigualdades y eliminación de las discriminaciones.

Luis Ángel Hierro es diputado Socialista del Parlamento de Andalucía.