La juez indaga si 253 casas de Sevilla la Nueva se construyeron ilegalmente

La juez de Navalcarnero que instruye un supuesto caso de corrupción en Sevilla la Nueva indaga si el ex alcalde de esta localidad y actual edil de Educación, Ángel Batanero, del Partido Popular, ha permitido a distintas promotoras construir 253 viviendas vulnerando el planeamiento urbanístico del municipio. La juez investiga a Batanero, a un constructor y al arquitecto y al secretario del Ayuntamiento de esta localidad de 4.000 habitantes por supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad, delito ecológico y contra la ordenación del territorio.

Según fuentes cercanas a la investigación (que está declarada secreta), entre los años 1994 y 1999 los imputados pudieron cometer numerosas irregularidades urbanísticas en Sevilla la Nueva. Una de ellas tiene relación con la unidad de actuación urbanística número 5, un área en la que se han construido tres grandes edificaciones que albergan en la actualidad 324 viviendas, cuando el máximo permitido, de acuerdo con las normas urbanísticas subsidiarias de 1994, era de 145 casas. Es decir, se han construido 179 viviendas al margen del planeamiento urbanístico.

Algo parecido ha sucedido en las unidades de actuación números 7 y 8. En la 7 se han levantado 43 casas en lugar de las 13 máximas establecidas, y en la 8, un total de 44 viviendas más de las legales (es decir, se han construido 94 casas donde sólo había margen legal para levantar 50). Y eso no es todo: según las pesquisas judiciales, hay proyectadas otras 22 casas en esa misma área.

Batanero ha asegurado a EL PAÍS que no hay ilegalidad en estas actuaciones. Las casas de más construidas 'no sólo tienen el aval de la Comunidad de Madrid, sino que, además, respetan el volumen edificable permitido', sostiene el ex alcalde. 'Nos hemos podido salir del número de viviendas, pero no del volumen de edificabilidad', agrega.

Otra de las supuestas irregularidades que investiga la juez está relacionada con la unidad urbanística número 20 de Sevilla la Nueva. Las normas subsidiarias permitían levantar en esta unidad viviendas unifamiliares sobre parcelas de 175 metros cuadrados con la condición de que todas ellas tuvieran un porcentaje de protección pública (lo cual rebaja su precio). El Ayuntamiento, en cambio, permitió primero que las parcelas fuesen de 250 metros cuadrados, eliminando con ello su grado de protección, y luego aprobó que la densidad fuese de 132 metros cuadrados. Es decir, logró evitar la protección pública de esas parcelas alegando que las casas se iban a hacer más grandes, pero la realidad final es que el Ayuntamiento ha dado permiso para que se empiece a construir sobre parcelas de 132 metros cuadrados.

Delitos ecológicosLos supuestos delitos ecológicos y contra la ordenación del territorio que indaga la juez están relacionados con la construcción de dos chalés -por parte del gerente de la inmobiliaria La Genovesa, Lorenzo de la Fuente- sobre una parcela catalogada como zona verde. También tienen relación con la aprobación por parte del Ayuntamiento de otras 13 parcelas para chalés que ocupan supuestamente 'entre cuatro y ocho metros' de zona verde, así como con el vertido de tierras en una zona de igual calificación.

La juez ordenó hace 15 días el registro de la inmobiliaria La Genovesa, situada en Brunete, y de Proinma, inmobiliaria propiedad del ex alcalde y en la actualidad concejal de Educación Ángel Batanero. En la querella que la Fiscalía de Madrid ha interpuesto contra el secretario y el arquitecto municipal y contra Batanero se indica que éste ha podido beneficiar urbanísticamente a De la Fuente y que ambas inmobiliarias están asociadas. Tanto el ex alcalde como De la Fuente admiten que son 'amigos', pero niegan haber tenido 'ningún tipo de relación comercial'. Ambos coinciden en que detrás de todo este asunto está 'la política'. Respecto a los dos chalés construidos supuestamente en zona verde, De la Fuente afirma que él compró las parcelas 'cuando ya estaban urbanizadas' y que cuando empezó a construir 'no hubo ninguna oposición ni de los vecinos ni de nadie'. Añade que para esas obras dispuso de las licencias municipales.

La juez también investiga si De la Fuente adquirió terrenos municipales a la mitad de su precio. Es decir, si terrenos públicos valorados en 23.000 pesetas el metro cuadrado los adquirió él a 8.000 pesetas. 'Esto no es cierto', señala De la Fuente. 'No sólo compré terrenos al Ayuntamiento; también compré a otros vecinos por precios incluso inferiores, entre 6.000 y 7.000 pesetas el metro cuadrado, más barato incluso que al Ayuntamiento'. Según De la Fuente, la valoración del terreno se hace en función de su edificabilidad.

Respecto al vertido de tierras sobre una zona verde, De la Fuente afirma que se hizo así 'para igualar una vaguada', y alega que este asunto se puede solucionar retirando esa tierra.