La democracia paritaria, a prueba

Yo quería tener seis mujeres, pero no aceptaron'. El que habla es José Bono, presidente de Castilla-La Mancha. No es que esté mostrando de pronto su preferencia por la poligamia, sino que se refiere a su intento frustrado de incluir mujeres en su Gobierno. 'No querían porque decían que no iban a tener tiempo', agrega Bono. Y con ello apunta de lleno al problema de la democracia paritaria, recientemente planteado en el debate sobre el estado de su región, en el que él mismo propuso la modificación de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha. Su propuesta, 'que no puedan presentarse listas autonómicas que no respeten la representación paritaria de mujeres y hombres' -es decir, que ninguno de los sexos tenga menos del 40% de candidatos ni más del 60%-, es una fórmula que ya esta incluida en los estatutos de algunos partidos políticos, como el PSOE e Izquierda Unida.

En el Congreso, de los 350 escaños, 99 los ocupan mujeres, mientras que en el Senado sólo 63 de los 259 senadores son mujeres. En el Constitucional hay una, y ninguna en el Supremo

'No hay trabas legales, pero está claro que histórica y socialmente el espacio público se asocia a ellos, y el privado o familiar, a ellas', explica la secretaria de Igualdad del PSOE

La cuestión de la paridad pronto cruzará los límites de Castilla-La Mancha. El próximo 6 de noviembre, el PSOE llevará al Congreso una propuesta de ley en el mismo sentido.

Bono se tuvo que conformar con tener tres consejeras, además de seis consejeros. Pero sus dificultades para conseguir la paridad en su Gobierno ponían de relieve uno de los aspectos fundamentales sobre los que actualmente inciden las políticas y los colectivos feministas: ¿por qué los hombres tienen tiempo para la política y la mayoría de las mujeres no?

En una sociedad conformada casi a partes iguales por ambos sexos, y en un país como España, donde recientemente se han cumplido 70 años desde que la mujer consiguiera el derecho al voto, los cargos de las altas instituciones del Estado siguen estando mayoritariamente ocupados por hombres: de los 350 diputados del Congreso, 99 son mujeres (28,3%); de los 259 puestos en el Senado, 63 corresponden a senadoras (24,3%); de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, sólo una es mujer (8,3%), aunque en unos días serán dos por primera vez en la historia de este país; de los más de 70 magistrados del Supremo, ninguno es mujer ni lo ha sido nunca, pese a que últimamente las oposiciones a juez son aprobadas por más mujeres que hombres... Esta situación ha llevado a plantearse medidas correctivas, llamadas de discriminación positiva, que favorezcan la presencia de mujeres en la vida pública. Pero es precisamente en el tipo de medidas que deben tomarse para equilibrar esa balanza de la representatividad en lo que no hay acuerdo.

'No hay trabas legales, pero está claro que histórica y socialmente el espacio público se asocia a ellos, y el privado o familiar, a ellas. Los derechos legales no son los mismos que los reales. La historia nos demuestra que es necesario modificar la ley porque la buena voluntad no es suficiente', apunta Micaela Navarro, secretaria de Igualdad del PSOE y una de las 10 mujeres que conforman la ejecutiva socialista junto con 15 varones. 'Es lo justo, porque dejarlo en manos de los partidos es dejarlo al albur de sus dirigentes, que hasta el momento no son mujeres', agrega Cristina Alberdi, miembro de la Comisión de Justicia e Interior en el Congreso.

Pese a que todas hacen referencia a las dificultades para consolidar sus puestos, las conclusiones son distintas. María Jesús Sainz, secretaria de la Mesa del Congreso y presidenta del PP en Santiago, asegura que 'la democracia será más perfecta cuanto más tienda a la paridad, en línea con la política europea' (en el Parlamento Europeo, casi el 40% son mujeres). Pero, en relación a la modificación de la Ley Electoral, apela 'a la reflexión responsable de quienes lo proponen. Esa ley entra dentro del bloque constitucional y requiere un consenso especial. Hay otros caminos más naturales que tienen que ver con el compromiso de los partidos', argumenta.

Sin embargo, los juristas consultados no encuentran impedimentos constitucionales en la modificación de dicha normativa. Al contrario, recuerdan que el artículo 9.2 de la Constitución recoge que 'corresponde a los poderes públicos promover las condiciones que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas'.

Gregorio Peces-Barba, uno de los padres de la Constitución, insiste en este aspecto: 'La Constitución no lo impide, más bien lo permite. El argumento de quienes creen que tal medida supone una intervención en la tendencia natural de las sociedades tiene poco fundamento'. En el mismo sentido, la catedrática de derecho constitucional y presidenta del Instituto Europeo de Derecho, Teresa Freixes, dice: 'Modificar la Ley Electoral para favorecer la paridad no vulnera ni el derecho constitucional, ni el europeo, ni el internacional'.

El no de Ruiz Gallardón

No obstante, el desacuerdo prevalece. Hay disparidad de opiniones entre los presidentes autonómicos. Mientras Bono planteaba directamente la cuestión en su región, el popular Alberto Ruiz Gallardón, en Madrid, mostraba su total rechazo: 'No soy en absoluto partidario de una paridad impuesta por ley. El objetivo debe ser que la presencia de mujeres en las listas sea consecuencia de su capacidad y méritos'. Desde Andalucía, el socialista Manuel Chaves hacía gala de su Gobierno, 'compuesto al 50% por hombres y por mujeres'.

Las posiciones están sobre la mesa y su encuentro tiene fecha: 6 de noviembre.