Hacienda oculta al Congreso un acta levantada a un estafado de Gescartera por 156 millones

Hacienda levantó este año un acta a un contribuyente relacionado con el caso Gescartera por valor de 156 millones de pesetas, sin enviar el caso a la fiscalía, en contra de lo que resulta preceptivo por lo elevado del importe, y sin incluir el incidente en el informe remitido al Parlamento, según denunció ayer el PSOE en la comisión que investiga este escándalo. La diputada socialista Maite Costa esgrimió los documentos en los que fundó esta acusación ante el director de la Agencia Tributaria, Salvador Ruiz Gallud, y le acusó de 'presunto delito de prevaricación' por estos hechos.

El contribuyente afectado se llama Carlos Ortín Barrón, y la Agencia Tributaria le abrió una inspección en mayo de 1999 porque, supuestamente, había gozado de un incremento patrimonial derivado de unas inversiones en Gescartera de las que no había dado cuenta al fisco. Ortín Barrón es un empresario de Palma de Mallora citado por el dueño de Gescartera, Antonio Camacho, como uno de los comerciales que le aportaba 'clientes especiales', esto es, con dinero negro deseoso de ocultarse al fisco.

Hasta aquí, la inspección, referida a la declaración de la renta de Ortín de 1995, 1996 y 1997 resulta normal, dentro de los parámetros del caso. Pero las supuestas irregularidades comienzan inmediatamente después, según la diputada socialista.

Para empezar, el expediente se resuelve dos años después, ya que la liquidación se realiza el 31 de julio de este año, 2001, tras haber estallado el caso Gescartera. Y segundo, la Agencia Tributaria no envía este expediente a la fiscalía, pese a que la deuda asciende a 156 millones de pesetas (119,7 millones de cuota más 36,8 de intereses de demora), lo que resulta obligado para importes superiores a 15 millones de pesetas, según explicó en la Comisión Gescartera la diputada socialista.

Maite Costa también se quejó de que el informe sobre el caso Gescartera que ha elaborado la Agencia Tributaria, y remitido luego al Parlamento, no recoja este incidente entre las 536 actuaciones que Hacienda ha tenido con la agencia de valores, sus clientes o con personas relacionadas de alguna manera. Para demostrar esta grave acusación, trató de que Ruiz Gallud detallase en qué provincias se habían producido estas actuaciones, con la intención de que quedase claro que Palma de Mallorca no estaba incluida. El director de la Agencia se negó a contestar de forma reiterada, al menos en cuatro ocasiones, pese a la insistencia de la diputada y la intervención del presidente de la comisión, Luis Mardones. 'No es una información relevante', dijo Ruiz Gallud.

El responsable de la Agencia Tributaria, por lo demás, se atuvo al informe enviado a la comisión (cuestonado por incompleto por el PSOE) para demostrar que no se ha cometido irregularidad alguna en relación con la agencia de valores de Antonio Camacho. Todas las actuaciones se realizaron correctamente, incluso cuando se archivaron o no llegaron a despegar, sostuvo. Es más, Ruiz Gallud afirmó ayer que la Agencia Tributaria ganó dinero cuando tomó la decisión de no investigar a fondo el entramado de Gescartera, visto el bajo nivel de riesgo fiscal que presentaba la agencia, en su opinión, y consideradas otras circunstancias atenuantes. 'Fue positivo para la Hacienda pública el dedicar recursos a otros temas', adujo. El diputado del PNV Pedro Azpiazu protestó vehementemente esta afirmación.

DiscriminaciónPor otra parte, David Vives, el director de Supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que descubrió el fraude de Gescartera en 1999, presentó ayer una carta en el Congreso en la que acusa al organismo regulador de discriminarle y colocarle en una situación de indefensión. Vives, a quien los diputados pidieron pruebas documentales de sus afirmaciones ante la comisión, solicitó amparo al Congreso para que la CNMV le dejase acceder a varios documentos, entre ellos sus propios correos electrónicos, petición a la que el organismo ha prestado oídos sordos. Por ello, Vives ha recurrido de nuevo al amparo del Congreso.