Viera advierte de que no paralizará la extinción de 451 empleos ni pondrá más dinero en Santana

'No sé si se puede pedir más o no, lo que sé es que si se diera más de los que ahora se ofrece, muchos andaluces no lo comprenderían'. Con estas palabras el consejero de Empleo, José Antonio Viera, advirtió ayer en el Parlamento de que no alterará el Plan de Acción de Santana ni suspenderá, como pide el comité de empresa, el expediente de extinción de empleo que afecta a 451 trabajadores relacionados con las 13 áreas de negocio que Santana prevé privatizar. El debate se interrumpió durante media hora ante la resistencia de un grupo de trabajadores a abandonar la tribuna de invitados.

Sindicatos y empresa llegaron a un acuerdo hace 10 días sobre la base del Plan de Acción, firmado por ambas partes en febrero. El acuerdo amplíaba las garantías a los trabajadores de Santana (compensaciones para igualar los salarios durante al menos 17 años) que pasen a las empresas que adquirirán los activos privatizados por la compañía automovilística. Pero los trabajadores afectados por las privatizaciones (631 seguirán en la compañía y 612 se han acogido a prejubilaciones y bajas) obligaron al comité de empresa a rechazar el acuerdo y a pedir la paralización del expediente de extinción de 451 puestos de empleo abierto por la firma.

En su intervención parlamentaria, Viera, tras describir las líneas del Plan de Acción, señaló que el dictamen favorable de la Comisión Europea a la inyección de capital de la Administración autonómica en la empresa automovilística en 1999 supone un 'balón de oxígeno' para seguir trabajando.

El consejero afirmó con rotundidad que el Plan de Acción no supone la desaparición de los empleos -'quien lo diga falta a la verdad', subrayó- y confesó haberse sentido 'muy solo', porque no ha encontrado ningún apoyo, sobre todo del Gobierno central. La viabilidad de Santana, según Viera, supondrá un coste aproximado de 40.000 millones, 'apuesta realizada con cargo del presupuesto de la Junta, sin ningún tipo de colaboración del Gobierno'. No obstante mostró su confianza en que el PP reconsidere su negativa, expresada el lunes en el Senado, a participar en el proyecto.

Mientras el PP, por boca de Isabel Garzón, defendió la actuación del Gobierno central y prometió apoyar a la Junta en los planes industriales, pero no en los que suponga 'enterrar más centenares de millones', Izquierda Unida aseguró que el plan no garantiza las pretensiones mínimas de los trabajadores. El portavoz de este grupo, José Cabrero, empleado en excedencia de Santana, calificó de 'provocación' el expediente que ha presentado el IFA, propietario de la empresa, ya que, aseguró, lo debería haber presentado al final, como recoge el acuerdo. 'Los trabajadores tienen derecho a aspirar a las garantías totales, son trabajadores hasta siempre porque Santana no se puede acabar nunca', proclamó.

La intervención de Cabrero arrancó el aplauso de un grupo de empleados de Santana que se encontraba en la tribuna de invitados, a los que el presidente de la Cámara, Javier Torres Vela, había llamado con anterioridad la atención por hacer comentarios en alto. La sonada aprobación de este grupo a las palabras de Cabrero llevó a Torres Vela a ordenar el desalojo de la sala, que repitió hasta cinco veces. Como los trabajadores, casi todos del comité de empresa, no se movieron de sus asientos, el presidente suspendió el pleno.

Los intentos de los ujieres de vaciar el salón fueron infructuosos, mientras crecía la algarabía entre el público, con gritos de 'impostores, no vayáis a venir después a pedir los votos' y consignas a favor de la empresa. Finalmente, el propio Cabrero terció y el comité se marchó con cajas destempladas.