Ingresan en prisión tres presuntos informadores del 'comando Aranba'

Los tres detenidos han sido imputados provisionalmente en delitos de conspiración para el asesinato terrorista por haber facilitado presuntamente informaciones sobre varios políticos y un profesor de la Universidad del País Vasco.

Aranburu y Begiristain, que constituyen pareja sentimental, se negaron a declarar ante el juez. No obstante, ambos ingresaron en prisión acusados de pertenencia a banda armada, ya que hay indicios de que pudieron ser captados para la organización terrorista el año pasado por medio de una carta anónima, sistema que fue utilizado también con los integrantes del comando Aranba Roberto Lebrero Panizo y Luis Mariñelarena Garciandia, que ingresaron en prisión el domingo pasado.

El juez les imputa la conspiración para el asesinato debido a que siendo residentes en Eibar realizaron los seguimientos al concejal del PSE-EE de esa localidad José Luis Vallés, al que el comando Aranba planeaba asesinar con un coche bomba el pasado fin de semana. Este coche bomba fue intervenido por el Cuerpo Nacional de Policía en el garaje de Asier Altuna, concejal de Batasuna en el municipio guipuzcoano de Azkoitia, quien también se encuentra en prisión.

Cuatro objetivos

Julen Eregaña, por su parte, ha sido acusado de colaboración con banda armada y de cuatro delitos de conspiración para el asesinato terrorista. Eregaña, que sí declaró ante el juez Guillermo Ruiz Polanco, reconoció que recibió la orden de realizar seguimientos y proporcionar datos sobre movimientos, horarios, matrículas de coche y costumbres del concejal Vallés, del alcalde de Eibar -Iñaki Arriola, del PSE-EE-, una concejal del PP de la misma localidad y un profesor titular de la Universidad del País Vasco que perteneció al Foro Ermua.

Eregaña admitió también que solía fijarse en los cuatro objetivos cuando les veía por Eibar, pero negó que hubiera llegado a entregar los datos obtenidos a los miembros del comando Aranba.

Explicó que an alguna ocasión había actuado de lanzadera (preceder con un coche legal al comando para avisarle de la presencia policial) cuando el grupo iba a recoger armas o material.

Por otro lado, el juez Baltasar Garzón ha ordenado la realización de un dictamen pericial 'consistente en constatar el coste económico y el origen del dinero necesario para la edición, distribución y puesta en la calle de la totalidad de los números de la revista Ardi beltza' [Oveja negra], ya desaparecida, con las cintas videográficas que igualmente editó y distribuyó.

El dictamen fue solicitado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que sostiene que Ardi beltza fue financiada con fondos de ETA. La AVT pidió que se requiriera a la sociedad Arakatzen, SL, editora de la revista que dirigió Pepe Rei, los libros de contabilidad para poder determinar el coste de todo lo publicado. El 26 de septiembre se recibió el libro de balance y las cuentas de pérdidas y ganancias de la sociedad del año 2000 y los datos correspondientes a 2001.