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Columna
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El manifiesto

No me parece justo (des)calificar el manifiesto institucional presentado por el lehendakari Juan José Ibarretxe el pasado viernes en Ajuria Enea diciendo del mismo, como ha dicho Jaime Mayor Oreja, que es 'la nada'. Ni siquiera me parece inteligente. De nuevo la deslegitimación de las instituciones. De nuevo la guerra total. Puedo comprender el distanciamiento crítico de quien considera, como el PSE, que no ha existido el diálogo necesario para hacer a todos coautores y no meros suscriptores de un documento cerrado. Porque si algo hay que exigir, procedimentalmente hablando, a un manifiesto que quiere ser institucional, es que cuente con el respaldo de todas las instituciones llamadas a firmarlo.

Una declaración institucional no puede nacer enferma de apoyos; mucho menos si los apoyos perdidos pueden deberse a cuestiones de forma más que de fondo. El mundo de lo institucional es, por definición, un mundo de procedi-mientos: una institución no es otra cosa que un conjunto de normas que ha adquirido objetividad. De ahí la importancia que en la vida de las instituciones tienen las formas, las reglas, las liturgias y los símbolos. Puedo comprender, pues, que haya quien juzgue que, carente del suficiente diálogo previo (siendo el diálogo el procedimiento institucional por excelencia), el manifiesto no puede legítimamente aspirar al carácter de institucional.

No es esta, evidentemente, la posición del PP. Su rechazo al documento promovido por Ibarretxe tiene poco que ver con cuestiones de procedimiento o de contenido. El PP no va a suscribir ningún documento de alcance sobre pacificación y normalización elaborado y presentado bajo el liderazgo del nacionalismo vasco. Se haga como se haga y se diga lo que se diga. Al menos, no hasta que Jaime Mayor Oreja tenga su segunda oportunidad dentro de cuatro años. Constituir junto con los nacionalistas una gran coalición contra la violencia y a favor de la paz y la normalización política sería para el PP tanto como quedarse sin estrategia en Euskadi.

Desde alguno de los partidos que sustentan el Gobierno vasco se ha respondido al PSE que desde hace ya mucho tiempo, tanto como desde la investidura de Juan José Ibarretxe, eran suficientemente conocidas las líneas maestras del manifiesto. Puede que sea así, aunque yo nunca había visto antes tan claramente expuestas las ideas ahora formuladas (lo cual es, por cierto, algo a destacar, y a destacar en positivo, como un importante avance). Pero la cuestión es otra: ¿cuántas horas se han dedicado al diálogo entre los partidos con el fin de alcanzar acuerdos en torno a esas líneas maestras, abiertos siempre a la posibilidad de que puedan ser completadas o modificadas? Me da la impresión de que ésta es la principal carencia de una declaración que se pretende institucional, pero de la que quedan al margen todas las instituciones que no están gobernadas por el nacionalismo vasco democrático.

Así pues, ¿necesitaba Euskadi un manifiesto como ese? Yo creo que la sociedad vasca no lo necesitaba. No necesitamos otro documento más (y van...) que sea suscrito tan sólo por una de las dos mitades en que se divide la política democrática vasca. Y que nadie se engañe pensando que tales cosas sirven para desenmascarar a unos o a otros, a quienes firman o a quienes dejan de firmar: por estos lares está ya todo el pescado vendido. Quien sí lo necesitaba era el nacionalismo vasco y el mismo lehendakari, para despejar de una vez determinadas dudas que, con razón o sin ella, han venido acosándoles desde la legislatura pasada.

En este sentido, lejos de ser 'la nada', el denominado Manifiesto Institucional en Defensa del Derecho a la Vida, la Libertad y la Seguridad de todas las personas es un documento de innegable relevancia. Si ETA vuelve a asesinar (me aterra escribir 'cuando vuelva a asesinar') lo comprobaremos. Y entonces, tal vez el debate se plantee de otra manera.

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