Tres fiscales están encargados de la investigación de accidentes laborales

La lucha contra la siniestralidad laboral cuenta en el País Vasco con un nuevo instrumento para combatirla. Tres fiscales, uno por cada Audiencia Provincial, se hacen cargo desde el verano de coordinar e investigar todos los accidentes laborales. Además, por vez primera, las fiscalías están presentes en los juicios de faltas. Su misión pasa también por fortalecer los contactos con la autoridad laboral para mejorar la labor de la fiscalía en la persecución de los delitos. Hasta el 30 de septiembre habían muerto 49 trabajadores en accidente laboral y 24 en el trayecto al trabajo.

Los accidentes laborales se cobraron el pasado año un muerto cada tres días en la comunidad vasca. En total 111 fallecimientos. Este año, los datos también son alarmantes. Hasta el 30 de septiembre pasado se habían registrado 39.165 accidentes laborales a los que hay que añadir los 3.557 que tuvieron lugar in itinere, o lo que es igual, en el trayecto, según datos facilitados por el Instituto Vasco de Salud Laboral-Osalan. A pesar de que el número de siniestros es más alto cada año, el incremento baja de un año a otro. Así, entre enero y septiembre de 2000 hubo un 13% más de accidentes que en 1999 pero en el mismo período de este año el aumento fue de un 5,35%. Guipúzcoa es la única provincia en la que, en las mismas fechas, los siniestros laborales bajaron un 0,48%. En Álava y Vizcaya aumentaron un 11,04% y un 6,90%, respectivamente.

La gravedad del problema y la constatación de que muchos de los accidentes quedan impunes llevó a la Fiscalía General del Estado a endurecer su acción y adoptar nuevas medidas para asegurar la unidad de criterios a través de la instrucción 1/2001 con fecha de mayo pasado. La anterior es de 1991 y no fue suficiente para penalizar los siniestros, según se señala en medios judiciales.

Labor preventivaEn la nueva instrucción se señala que la gravedad del problema requiere más de una labor preventiva que de una tarea represiva. Pero, se reconoce que los fiscales 'deben extremar su celo para evitar que se repitan conductas que cuestan tantas vidas y que provocan lesiones, muchas veces eludibles si se adoptasen las debidas precauciones'. Cada Audiencia Provincial dispone de un fiscal especial que se encarga de todos aquellos casos relacionados con la salud laboral. Hasta ahora, cada caso correspondía al fiscal del juzgado que entendía del asunto.

La instrucción de la Fiscalía General establece la posibilidad de que los fiscales jefes creen un servicio de siniestralidad laboral si el volumen de trabajo aconseja la especialización. El fiscal se responsabilizaría de la coordinación de las causas -lo que ya de hecho ocurre en la comunidad vasca- y uno o varios con carácter preferente o exclusivo se encargarían de las relaciones con la Inspección de Trabajo y la administración laboral competente.

Las fiscalías tienen más posibilidades de acceder a la información ya que se ha estrechado su relación con la Inspección de trabajo y con la policía judicial. En el primer caso se envían las actuaciones al fiscal y en ellas consta si la empresa ha omitido las medidas de seguridad laboral, lo que lleva aparejada una propuesta de sanción por infracción muy grave. Los fiscales pueden así evaluar la posible existencia de responsabilidad penal, según fuentes judiciales.

Por su parte, la policía judicial remite al fiscal una copia de las denuncias o atestados instruidos para que las fiscalías conozcan los hechos. 'Si se mantienen cegadas esas vías de comunicación difícilmente puede mejorarse la aplicación de las normas penales. En caso contrario, se puede evitar que hechos calificados inicialmente como falta queden impunes, y lo que es peor, en ocasiones ni debidamente investigados cuando pudieran constituir un delito'.

Ni Osalan ni el nuevo departamento vasco de Justicia han mantenido hasta la fecha contactos con las fiscalías, pero podrían hacerlo pronto. Juan Carlos Coto, director general de Osalan, consideró positiva la adopción de medidas penales pero resalta que lo importante es la prevención. Y destacó la posibilidad de poder penalizar a aquellas empresas a las que la inspección de Trabajo paralice la obra ante la posibilidad de riesgo, aunque no haya habido accidentes. 'Eso también es un delito', remachó. En los seis primeros meses de año, Trabajo paralizó 130 obras en Euskadi de un total de 2.904 visitas que realizó e impuso 840 infracciones por un total de unos 400 millones.