Las cárceles se llenan de mujeres

A simple vista, parece un error. Pero una pesquisa más profunda no cambia el resultado. Hay que rendirse ante la evidencia: la tasa de mujeres en las cárceles españolas (9,1%) respecto al total de presos, hombres y mujeres, es la más alta de los países comunitarios, exceptuando Portugal (9,7%). Con 4.083 encarceladas, y aquí es donde la insistencia en las comprobaciones no ha hecho más que confirmar la realidad, España supera la tasa de Turquía (4,5%). La encuesta publicada en diciembre de 2000 por el boletín del Consejo de Europa sobre población en las instituciones penitenciarias refleja unas proporciones en la Unión Europea que oscilan entre el 2,8%, en Irlanda, y el 6,8%, en Noruega.

Según Elisabet Almeda, 'en España tenemos muy pocas alternativas a las cárceles. Llevamos veinte años de retraso. La mujer no delinque más, la meten más en la cárcel'

Según el Defensor del Pueblo, las instalaciones de las reclusas son peores que las de los presos, y es casi imposible optar a la formación educativa, ocupacional o profesional

El reclusión de las mujeres en las cárceles españolas experimentó un crecimiento sin precedentes en los ochenta. De cerca de 500 presas se pasó a casi 4.000 en 1994. Para aquellos que defienden la teoría de que la delincuencia y encarcelamiento femeninos han crecido en relación directa con su emancipación, estudiosos de la sociología del delito aportan una lista de motivos bien distintos, entre ellos, las fórmulas adoptadas para la tipificación de los delitos y el hecho de que el Código Penal español fije los tiempos de reclusión, a diferencia de otros países donde la jurisprudencia permite una mayor flexibilidad a los jueces.

La mayoría de las mujeres que delinquen hoy en España lo hacen por tráfico de drogas a pequeña escala, un delito contra la salud pública castigado por el Código Penal con mayor dureza que el que va contra la propiedad, incluso con violencia, ejercido principalmente por el hombre.

El artículo 368 del Código desvela que el cultivo, elaboración o tráfico destinados al consumo ilegal de drogas recibirá un castigo de entre tres y nueve años de prisión. El 235 castiga el robo con fuerza con uno a tres años; el cometido en una casa habitada, con dos a cinco años, y el ejercido con violencia recibe una pena de dos a cinco años. 'La fotografía final es que la mujer que se dedica más al pequeño tráfico de drogas está más tiempo en la cárcel', resalta Elisabet Almeda, profesora de sociología de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, autora del estudio Pasado y presente de las cárceles de mujeres en España.

Una mula (el que transporta droga) que lleve 400 gramos de cocaína puede cumplir mayor condena que el que deja a otra persona intencionalmente ciega o el que pone una bomba que no estalla en un establecimiento público.

Si se compara con otros países de la UE, como Holanda (tasa de mujeres en las cárceles del 5%), Francia (4%) o Alemania (4,4%), España viaja en el furgón de cola en cuanto a prestaciones del llamado Estado del bienestar. 'Faltan servicios sociales potentes preventivos de la delincuencia', explica Elisabet Almeda. A esto se añade que en países europeos más avanzados canalizan a las mujeres hacia los servicios sociales, en vez de enviarlas a la sombra. 'En España tenemos muy pocas alternativas a las cárceles. Llevamos veinte años de retraso. La mujer en España no es más delincuente, sino que la meten más en la cárcel', apunta la profesora Almeda. En Italia, donde la tasa de mujeres presas es del 3,8%, existen la libertad a prueba, la reconciliación víctima / delincuente, los trabajos en la comunidad, el arresto domiciliario y las granjas públicas de rehabilitación para el caso de las drogas.

Dentro de los sectores más vulnerables, la mujer es todavía más vulnerable, y la gitana, aún más. Representando un 1,4% de la población española, una de cada cuatro reclusas en las cárceles es gitana, según datos de la abogada especialista en derecho penal, María Naredo, autora del estudio, Mujeres gitanas y sistema penal. Naredo previene contra la identificación de lo gitano con lo criminal, recordando al escritor Mark Twain, cuyas historias de Tom Sawyer describían a la perfección las vicisitudes de los injustamente tratados: 'No conozco ningún grupo que sea criminal por naturaleza, con la posible excepción de la clase política'. Frente a la teoría de la feminización de la delincuencia, estas expertas hablan del aumento de la criminalización de la pobreza.

Que el Código Penal español, a diferencia de otros países europeos, fije el tipo y duración de castigo e impida recurrir a una casuística más humanitaria no eximió al titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Barcelona, Santiago Vidal, someter a crítica algunos de sus artículos en una sentencia por condena de una mujer bosnia, detenida por haber intentado robar una cartera a un turista. A tal acto, hurto en grado de tentativa, correspondía una multa de 90.000 pesetas; el magistrado subrayó que la acusada era una persona sin medios, y 'el absurdo del mandato judicial que obliga a la justicia a sancionar con una pena pecuniaria este tipo de conductas antijurídicas'.

Tras las rejas

Después de una visita a varias cárceles y módulos penitenciarios para mujeres en 1997, el defensor del pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, denunció la desigualdad entre reclusos y reclusas, ya que la gran mayoría de las cárceles españolas están pensadas para los hombres. Cuando empezó a crecer el número de presas, hasta un 800% desde los años ochenta, las instituciones penitenciarias optaron por ir haciendo hueco para ellas en las cárceles de hombres.

La denuncia de Álvarez de Miranda describía el escaso espacio y las peores instalaciones que padecían las reclusas y apuntaba que se hacía prácticamente imposible para ellas optar a la formación ocupacional, educativa o profesional. 'La inadecuación estructural de estos departamentos implica, de hecho, un menor acceso de las mujeres a las actividades del centro o su participación en talleres', destacó.

En definitiva, las mujeres que habitan tras las rejas españolas están sometidas a largas jornadas de pasividad: de la celda al patio y del patio a la celda. Al margen de los malos tratos y los abusos sexuales, que rara vez son denunciados formalmente, 'lo más duro de la prisión es precisamente eso: la inactividad', declara Margarita Aguilera, abogada de la ONG Asociación de Colaboradores con las Presas (Acope).