Madrazo propone un pacto a municipios, cajas y promotores para facilitar el acceso a la vivienda

Dotar de una vivienda digna a las personas con menos recursos es la prioridad que se ha marcado IU para esta legislatura desde su responsabilidad en el Departamento de Vivienda. El consejero Javier Madrazo propuso ayer en su estreno en el Parlamento en ese puesto un gran pacto social a los ayuntamientos, partidos políticos, cajas de ahorros y promotores inmobiliarios con un doble objetivo: facilitar el acceso a un piso a los ciudadanos que no pueden comprarlo debido al alto precio de la vivienda en Euskadi y rentabilizar al máximo los recursos públicos.

Más de 70.000 personas no disponen actualmente en el País Vasco de un piso en propiedad y cumplen las condiciones de nivel de renta establecidas por el Gobierno para participar en los sorteos que organiza de viviendas de protección oficial (VPO). Sólo el 7,2% de estos ciudadanos pueden comprar una casa por encima de los 25 millones de pesetas, cuando un piso cuesta en Vitoria por término medio 36 millones de pesetas, 32 millones en Bilbao y más de 40 en San Sebastián. Como contrapunto, la capacidad de producción de todos los agentes públicos y privados que operan en el mercado de la vivienda protegida no rebasa en la actualidad los 3.300 pisos cada año.

Madrazo, que presentó ante la Comisión de Ordenación del Territorio del Parlamento vasco sus planes para esta legislatura, enfatizó que en la solución del problema de la vivienda debe implicarse toda la sociedad. El Gobierno debe hacerlo como principal gestor de suelo y promotor de VPO; los partidos, concienciando a su militancia de que es necesario un cambio cultural y apostar por el alquiler en lugar de la propiedad, y los ciudadanos dueños de pisos vacíos, sacando éstos al mercado de alquiler.

Freno a la especulaciónMadrazo reservó un papel relevante en este pacto a los ayuntamientos y diputaciones. Los primeros deben comprometerse más activamente en la obtención del suelo sobre el que se asentarán las promociones de VPO, mientras que las diputaciones tienen que propiciar un marco fiscal más favorable a los sectores más desprotegidos. En estos momentos, el precio del suelo repercute más de un 40% en el coste final de una vivienda.

El consejero apeló a las cajas de ahorros y a su aportación financiera y pidió a los propietarios de terrenos, promotores, constructores y gestores inmobiliarios privados que no especulen con el negocio de los pisos. 'La vivienda es una necesidad básica. Por lo tanto, no es lícito enriquecerse desproporcionadamente con su mercantilización a costa de impedir su disfrute a una parte importante de la población', advirtió.

Además de este gran pacto, el departamento va a centrar su política en dos direcciones: incrementar la oferta de vivienda protegida (especialmente social y de alquiler) y sacar al mercado la mayor cantidad posible de pisos vacíos para que puedan ser alquilados a precio asequible. Su previsión es poner en el mercado en los próximos cuatro años un total de 25.300 viviendas, de las cuales 13.700 serán de alquiler (con una renta mensual inferior a 30.000 pesetas, frente a las 100.000 de media que se pagan hoy en las principales ciudades de la comunidad) y 11.600 en venta.

De las viviendas en alquiler, 5.000 se incorporarán desde el parque de pisos vacíos. La intención de Madrazo es incentivar el alquiler protegido mediante ayudas económicas a los dueños e incluso convencer a las diputaciones para que apliquen incentivos fiscales. En caso de no funcionar estas medidas, el Gobierno podría solicitar a ayuntamientos y diputaciones la penalización de los pisos desocupados. Madrazo explicó que, ante el temor de los dueños a alquilar su piso por posibles impagos o desperfectos, el propio Ejecutivo podría correr con todos estos gastos. De las 72.733 viviendas vacías que hay en Euskadi, 30.662 (42%) no han sido ocupadas en los dos últimos años. De éstas, sólo 3.373 están en el mercado, en venta o alquiler.

El consejero se comprometió a presentar en el Parlamento antes de un año el proyecto de ley del Suelo, que el equipo anterior de EA dejó redactado y que IU quiere revisar.