Indisciplina en las aulas

En una reciente encuesta realizada entre 2.250 docentes de secundaria, prácticamente la mitad decía conocer casos de compañeros amedrentados por alumnos. Además, el 60% de los estudiantes aseguraba que tenían amigos que no se atrevían a decir que algunos alumnos les molestaban. Profesores y estudiantes concluían que se deberían tomar medidas más duras contra los estudiantes violentos. En realidad, donde en mayor medida se están dando estos problemas de indisciplina y, en algunos casos, de violencia, es en el colectivo de estudiantes de 14 a 16 años (los dos últimos cursos de la ESO). La necesaria ampliación de la escolarización obligatoria de los 14 a los 16 años -que ha mantenido en el sistema educativo a chicos que no están motivados para seguir en él- y los cambios sociales, como la modificación de las estructuras y los hábitos de las familias o la incorporación de alumnos inmigrantes, que requieren mayor apoyo educativo, han provocado problemas que están afectando al trabajo y al ánimo de los profesores, que se ven exentos del suficiente reconocimiento social.

Los profesores se han visto además envueltos en las últimas décadas en un proceso de reformas educativas, como la implantación de la LOGSE y la demanda de la enseñanza de nuevas materias para las que no se les ha preparado, como las relacionados con las nuevas tecnologías. La solución que pretende adoptar el Gobierno en la futura Ley de Calidad es la de dividir a los alumnos de estas edades en itinerarios, a los que accederían de acuerdo con su rendimiento escolar. Una parte de los profesores se manifestó a favor de esa división. Sin embargo, no se les ha preguntado por otras posibilidades. Porque la alternativa elegida por el Gobierno no es la única opción, y algunos datos hacen dudar de que sea la más idónea. En Francia, la agrupación de los alumnos de menos rendimiento ha provocado que se multiplicaran los casos de violencia. Más lógico que una medida drástica y general sería dar a los centros la posibilidad de adoptar medidas flexibles de acuerdo con las características de cada zona. Lo cual remite a la cuestión de la autonomía de los centros: aumentar su capacidad de autoorganización para impulsar su proyecto, a cambio de que ese impulso se supedite a evaluaciones periódicas.

Hacia estas medidas parece ir encaminada la búsqueda de soluciones, a las que se debe unir también la consulta lo más generalizada posible al profesorado sobre sus propuestas y el análisis de los resultados de excelentes experiencias puntuales puestas en marcha en algunos centros y comunidades autónomas, como la división de los alumnos de una clase sólo en determinadas materias. Desde el punto de vista pedagógico, muchos expertos alertan sobre el peligro de señalar con el dedo a una parte de los alumnos de un centro como los de menos rendimiento o, como se puede interpretar fácilmente, los más tontos. Pero lo peor sería que los centros concertados no ofrecieran esos tres itinerarios, y que todos los alumnos con bajo rendimiento escolar acabaran concentrados en la red pública.