El Gobierno renuncia a que las autonomías deban consultarle sus proyectos legislativos

El Gobierno está dispuesto a 'aparcar' su pretensión de que las autonomías estén obligadas a consultar con el Ejecutivo sus proyectos legislativos si 'se considera que es un obstáculo insalvable' para que acepten el borrador de la Ley de Cooperación. Así lo ha declarado el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, quien envió hace un mes a los presidentes autonómicos un cuestionario con las claves del proyecto, que provocó un rechazo generalizado.

Jesús Posada, no obstante, justifica así su intento frustrado en declaraciones a este periódico: 'Si alguna comunidad autónoma quiere hacer una ley sin consultarla al Gobierno central, podrá hacerlo. Aunque, lógicamente, si no le gusta al Gobierno central, éste acudirá al Tribunal Constitucional. Precisamente, con la consulta tratábamos de evitar este trámite y reducir la judicialización de la política'.

El ministro anunció también que se ha fijado como plazo el próximo mes de diciembre para presentar en el Senado un informe sobre la Ley de Cooperación, que debatirá con los representantes autonómicos en la Comisión General de Comunidades Autónomas. Posada admite que tras la ronda que ha celebrado con partidos y presidentes autonómicos, CiU es reticente y los presidentes de las seis comunidades gobernadas por los socialistas le han anunciado una posición común. Niega, como han señalado las comunidades gobernadas por nacionalistas, que sea 'una nueva LOAPA', porque 'la ley no modificará las competencias de las autonomías'.

La consulta al Senado será clave para el futuro de la Ley de Cooperación. 'En el debate percibiremos si hay representatividad suficiente para seguir adelante o no con esta ley. Está claro que una Ley de Cooperación tiene que consensuarse para que sea efectiva. Tiene que aceptarse voluntariamente. No se puede imponer. Pero también tengo que decir que es una ley necesaria. Y si no sale al primer intento, saldrá al segundo o al tercero', dice el ministro.

La necesidad de la ley la encuadra Posada en 'el enorme desarrollo que ha alcanzado el Estado de las Autonomías, de tal manera que las comunidades gestionan ya más gasto que la Administración central'. El ministro argumenta su necesidad en que se ha abierto una nueva etapa en la que ya 'están próximos a concluir los grandes traspasos de funciones y servicios a las comunidades y se cuenta, además, con un sistema estable de financiación autonómica'.

La pretensión de la ley al fomentar la cooperación entre las comunidades, señala Posada, es que éstas 'no establezcan compartimentos estancos, busquen la participación de sus competencias en un mundo cada vez más compartido y eviten solaparlas'.

La ley, señala Posada, regulará la participación de las autonomías en las instituciones europeas, y añade que el Gobierno está pendiente de la resolución del grupo de trabajo que ha creado la Conferencia Sectorial de Asuntos Europeos para decidir si habrá algún tipo de presencia de las autonomías en los Consejos de Ministros europeos. Posada no tiene aún una posición definida en esta cuestión, que reclaman las comunidades gobernadas por nacionalistas y socialistas. No obstante, el ministro recalca que 'se ha avanzado en el terreno de la participación autonómica en Europa con la presencia de las comunidades, que ha pasado de 50 a más de 100 comités de gestión en esta legislatura'.

La ley, recuerda Posada, regulará también los convenios de colaboración entre el Estado y las comunidades; abre la posibilidad de crear la Conferencia de presidentes autonómicos; la posibilidad de que los convenios y acuerdos tengan consecuencias jurídicas y pretende fomentar los acuerdos multilaterales en detrimento de los bilaterales. La otra pata que necesita un desarrollo para completar el Estado de las Autonomías es la configuración del Senado como Cámara territorial, indica el minsitro.

Posada cree que el Senado 'debe tener una mayor presencia como Cámara territorial' y se ciñe a la reforma reglamentaria que ha propuesto el Grupo Popular en la Cámara Alta, que regulará con un nuevo formato el debate anual sobre el Estado de las autonomías, que no se ha celebrado desde 1997, y la participación de los presidentes autonómicos en el Senado, en lo que el Grupo del PP llama el banco verde.