Querella contra el consistorio de Rubí por incumplir una sentencia del Supremo

Una inmobiliaria de Rubí ha presentado una querella contra el Ayuntamiento de la población por negarse a ejecutar una sentencia dictada en noviembre de 1999 por el Tribunal Supremo en en la que se declara la nulidad de la división de unos terrenos realizada por el consistorio 10 años antes. La respuesta del Ayuntamiento ante la admisión a trámite de la querella ha sido tachar de 'temeraria' la decisión del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Rubí porque tan sólo tenía la versión de la parte denunciante, Inmobiliara Tamara, SA.

El Ayuntamiento admite que no ha cumplido la sentencia dictada hace dos años por el Tribunal Supremo, pero afirma que el juzgado desconocía que si no la ha cumplido es porque es 'imposible hacerlo', ya que ello implicaría demoler las 200 industrias que ocupan el polígono industrial de Cova Solera.

En junio de este año el consistorio ya acudió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para presentar la incidencia de imposibilidad de cumplimiento material de la sentencia y determinar de qué forma puede cumplirla, pero los jueces todavía no se han pronunciado. El Ayuntamiento propuso una fórmula que pasaría por la compensación económica. Pero hasta llegar a esta petición han pasado más de 11 años de litigios en los que los tribunales han dado siempre la razón a Inmobiliaria Tamara, que en su momento fue compensada con 40 millones de pesetas por una superficie de 19.790 metros cuadrados.

Cuestión de dinero

Si hasta ahora la inmobiliaria y el Ayuntamiento no se han puesto de acuerdo, según fuentes del consistorio, es porque la cantidad que pide la parte querellante es 'exorbitante' y supera los 1.000 millones de pesetas. Cova Solera eran, antes de convertirse en polígono industrial, unos terrenos dedicados a la viña. Fue en la década de 1970 cuando el consistorio aprobó un plan parcial para atraer a las industrias a su término municipal.

El Ayuntamiento asegura que si en 1989 aprobó la reparcelación económica y no la física fue para consolidar las industrias existentes, por las licencias de edificación en trámite, las expectativas de crecimiento y las reservas de infraestructuras. Una reparcelación incorrecta, según los tribunales. El problema es que entre litigio y litigio el Ayuntamiento de Rubí no dejó de dar licencias y ahora en estos terrenos hay 200 industrias.