El trabajo remunerado de las mujeres, ¿opción o derecho?

Las mujeres han trabajado siempre, en todos los lugares y a todas horas. El cuidado de los hijos, de los enfermos, de la unidad doméstica, han ocupado durante siglos toda su energía y todo su tiempo. Estos trabajos no han sido valorados y sólo han sido visibles cuando no se han realizado, pero se han considerado en la sociedad patriarcal como la obligación de las mujeres, como una extensión directa de 'parirás con dolor' sin ninguna opción, ninguna ayuda y ningún derecho que pudiera hacerlos reconocidos y valorados socialmente. Estas mujeres sólo tienen opción a una pensión no contributiva cuando en realidad han contribuido toda su vida al mantenimiento y desarrollo de la sociedad.

Todavía las mujeres reciben de media el 75% del salario que perciben los hombres por realizar el mismo trabajo

En la tradición judeocristiana sólo el hombre 'ganará el pan con el sudor de su frente', por lo que el trabajo remunerado de las mujeres se aceptó solamente cuando era necesario para ayudar al mantenimiento económico de los hijos o a la propia subsistencia; sólo se aceptó como ayuda a la familia y siempre se consideró como subsidiario a sus obligaciones familiares auténticas, obligaciones que por otra parte no existían para el sexo masculino.

Después de la I Guerra Mundial, en la que la mano de obra femenina se necesitó ampliamente en todas las economías de guerra, ya no fue posible dar marcha atrás en la incorporación de las mujeres a diversos puestos de trabajo, pero sólo como opción, como un aspecto más de su realización personal o como medio de subsistencia. El trabajo de las mujeres como necesidad o como opción estaba menos remunerado que el de los hombres, no tenía protección, ni derechos, ni visibilidad. Ha sido la larga marcha de las luchas obreras y sindicales en las que hombres y mujeres han obligado a legislar sobre los derechos de las mujeres a igual salario por el mismo trabajo, a iguales condiciones de trabajo, a igual valoración de los riesgos para la salud.

Pero las leyes no se cumplen en la práctica, y todavía las mujeres reciben de media el 75% del salario que perciben los hombres por el mismo trabajo, no tienen posibilidad de promoción laboral, las ejecutivas aumentan su categoría profesional y su responsabilidad sin que aumente su sueldo en proporción, el acoso sexual, verbal y moral forman parte de la vida cotidiana, y la discriminación laboral más frecuente (al menos en Cataluña, si analizamos las denuncias presentadas en la Inspección de Trabajo) es el despido de mujeres embarazadas o la no contratación de las que están casadas y en edad reproductiva.

La hipocresía social, que proclama la igualdad ante la ley, deja solas a las mujeres, como si su derecho al trabajo como seres humanos fuera contradictorio con su deseo y su deber de procreación.

Los gobiernos, sean autonómicos o locales, y sus instituciones deben velar por garantizar los derechos de los hombres y las mujeres que les han votado, y deberían desplegar los medios necesarios para que el derecho al trabajo sea igual para mujeres y hombres.

Lamentablemente, en Cataluña, cada semana, la Inspección de Trabajo recibe una denuncia por discriminación laboral por razón de sexo (y esto es sólo la punta del iceberg), ya que la mayoría de las mujeres no denuncian. Pero en lugar de realizar políticas transversales para sensibilizar y visibilizar los problemas de las mujeres, nuestro inefable Instituto Catalán de la Mujer mira hacia otro lado y encarga estudios ya realizados o juega por las calles,en lugar de gobernar, o sea, en lugar de garantizar los derechos de las ciudadanas a las que debería defender.

La larga marcha de las mujeres para que sus derechos se consideren derechos humanos -la reivindicación para ser consideradas personas ante la ley- hace necesario que los gobiernos, nacionales y autónomos, desarrollen mecanismos de acción y vigilancia, en conjunción con los agentes sociales (grupos de mujeres, sindicatos, empresarios...), para hacer cumplir las leyes con propuestas positivas, como las adoptadas por la ejecutiva del PSC, que eliminen las discriminaciones por razones de sexo, y puedan velar por el cumplimiento real de los planes de igualdad de oportunidades que también valoren el trabajo reproductivo y doméstico. Sólo así se conseguirá que se valoren los trabajos de las mujeres y pasen de la invisibilidad al pleno derecho.

Carme Valls-Llobet es diputada del PSC-CPC al Parlament de Catalunya.