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TRIBUNA

20 años, ¿pasado o futuro?

Veinte años después de la aprobación del Estatuto de Autonomía para Andalucía, la auténtica cuestión a debatir es la de qué tipo de preguntas debemos hacernos los andaluces sobre nuestra norma suprema. En aquellos momentos, recién salidos del gran trauma de la transición y del impulso autonómico, no había muchas dudas sobre el sentido de las cuestiones fundamentales: la primera, que ante el dilema ser o no ser, Andalucía había ganado su apuesta autonómica; la segunda, que en la carrera autonómica lo que se intentaba era de alcanzar los techos competenciales, es decir, homogeneizarnos por arriba con las comunidades llamadas históricas.

Hoy, el sentido de estas preguntas sólo serviría para descolocarnos en la propia historia: a comienzos del siglo XXI, el dilema ser o no ser ha sido sustituido por la lógica de la competitividad. Y en cuanto al proceso autonómico, hemos descubierto que es una carrera sin final, una maratón de larga distancia donde los techos competenciales son relativamente secundarios si no conseguimos homogeneizarnos por abajo con las regiones europeas más competitivas. Empeñarnos en las viejas preguntas carece de sentido.

Naturalmente a los andaluces siempre nos queda la posibilidad de enrocarnos en el discurso del victimismo y el agravio: la culpa de nuestros males será, como siempre, de Madrid. Podremos buscar con lupa y descubrir alguna competencia no transferida (como la cuenca hidrográfica de nuestro río-símbolo), algún agravio imperdonable u ofensa exterior a nuestra dignidad colectiva (como el olvido de nuestro censo real en la financiación). Y el discurso de la conflictividad hacia fuera estará servido.

Mientras tanto, en otras comunidades la dinámica tiende a seguir una orientación más preocupada por los asuntos internos, se movilizan más activamente los recursos competenciales existentes, se estiran hasta sus últimas consecuencias los instrumentos públicos disponibles, y los esfuerzos colectivos se dedican más a la autoconstrucción y menos al agravio.

¿Estamos siendo los andaluces competitivos con los recursos competenciales que nos ofrece nuestro Estatuto? Cuando a mediados de los años ochenta, bajo el periodo de Borbolla, nuestros gobernantes comprobaron que era necesario bajarse del horizonte utópico originario (la autonomía como el instrumento para acabar de forma inmediata con el subdesarrollo), se formularon algunos de los mitos programáticos que debían ser el motor de nuestro sistema público: la vertebración y la modernización de Andalucía entendidas como líneas estratégicas capaces de impulsar tanto la acción pública como la propia movilización colectiva de los andaluces. Junto con el paquete competencial referido al bienestar social (fundamentalmente sanidad) se completaba el triángulo fundamental de lo que en la práctica vienen siendo las tareas de los gobiernos autonómicos: las políticas físicas que operan sobre el territorio (vertebración), las de dimensión inmaterial que operan sobre el capital humano (modernización), y las de dimensión prestacional y asistencial (bienestar).

Utilizando como un índice de desarrollo estatutario los niveles de producción normativa en cada una de estas tres áreas, se detecta con claridad que la vertebración es fundamentalmente una política del norte de España; que la modernización tiene una proyección periférica, sobre todo en el eje mediterráneo; y que las políticas de bienestar tienen su apogeo en las zonas de mayor desarrollo urbano (fundamentalmente Madrid y Cataluña). La producción normativa andaluza nos demostraría cierta competitividad en sanidad y en el bloque de las políticas de modernización: pero en cambio, presentamos un significativo retraso en el área de las políticas vertebradoras o de proyección territorial.

En consecuencia, cuando nos formulamos proyectos de futuro debemos recordar cuál es nuestro lugar en la carrera: por supuesto que es razonable plantear la reforma del Estatuto si se trata de subsanar deficiencias o de mejorar nuestra adecuación al contexto europeo. Pero primero deberíamos pensar si nuestro nivel de desarrollo legislativo del Estatuto es suficiente, si hemos agotado las posibilidades de desarrollo y de innovación sobre las competencias disponibles, y si estamos en condiciones de asegurar una competitividad institucional en nuestro entorno. No parece que sea conveniente huir hacia arriba cuando aún tenemos deberes por hacer. Lo demás, serían simples estrategias políticas al servicio de la competencia entre partidos.

Antonio J. Porras Nadales es catedrático de Derecho Constitucional.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 14 de octubre de 2001