Presunción de inocencia para Calero

La Constitución española consagra el derecho que todos tenemos a un juez, a asistencia letrada, a no confesarnos culpables y a la presunción de inocencia. Todo ello son pilares básicos de nuestro sistema de libertades y de garantías constitucionales, pero desde hace algún tiempo asistimos en Marbella a una vulneración sistemática de estos y otros principios y, desgraciadamente, no sólo por el entorno del GIL.

Durante las semanas que han pasado del robo de los sumarios hasta la muerte de Francisco Calero, hemos asistido en Marbella a una persecución implacable del sospechoso. Ha sido sorprendente ver cómo se han ido filtrando en los medios de comunicación datos que presuntamente eran parte de los sumarios e investigaciones secretas.

Ha sido lamentable ver cómo demasiados responsables políticos hacían acusaciones hacia trabajadores del juzgado hasta la fecha sin ninguna veracidad; pero lo más cruel ha sido ver cómo estos responsables políticos, aun con el cadáver caliente de uno de estos trabajadores, no han dudado en violar el principio de presunción de inocencia y le han acusado, de una forma cruel y despectiva, de todo tipo de culpas vicios y defectos.

Hemos asistido también en esta ciudad a una grotesca caza del hombre por parte de muchos periodistas de Marbella y provincia, una caza del sospechoso, a Calero se le señaló desde el principio prácticamente como el culpable, se le vinculó al mundo del GIL, se le acuso de consumidor de drogas, se le acuso de tener un tren de vida superior a sus posibilidades y un largo etcétera de despropósitos.

Tanto en el caso de los políticos como el de los periodistas estas acusaciones fueron gratuitas, la investigación que se estaba llevando, además de ser secreta, no es concluyente ni ha demostrado todavía nada, no hay ninguna sentencia firme que condene a este hombre como responsable de los hechos de los que demasiada gente le acusó con tanta ligereza, e incluso cuando mañana se demostrara su posible participación, le asistía el derecho a la defensa de su inocencia y de su honor.

Y aun en el caso de que fuera culpable y de haber sido él el que robara los 50.000 folios, manda nuestro sistema constitucional que las penas privativas de libertad deben estar orientadas a la reeducación y reinserción social.

En Marbella, demasiados políticos y periodistas le hicieron culpable demasiado pronto y con independencia de que lo fuera o no, eso le corresponde al juez, cabe reflexionar hasta qué punto unos y otros colaboraron en el desenlace fatal de este trabajador, de este padre de familia, que eso pese en sus conciencias si la tienen.

Desde estas líneas quiero mandar mi pésame a la familia y a sus compañeros. Agradecerle a Francisco Calero la amabilidad con que siempre me trato cuando presentaba denuncias por delito urbanístico y ecológico contra el gobierno municipal del GIL. Pedir sinceras disculpas a familia y compañeros porque muchos no supimos separarnos de aquellas personas, representantes de partidos y colectivos que ya, en la primera concentración frente al juzgado, no dudaron en insultar gravemente a todos los funcionarios sin ninguna base ni respeto por nuestra Constitución.