Cuestión de intereses
Una vez asumido el cambio inminente que va a suponer la aprobación de la nueva ley de universidades, quienes no estamos de acuerdo con el espíritu de la misma, nos preguntamos: ¿existe la posibilidad real de conseguir ese consenso en aras de una mejora del sistema universitario público? Lamentablemente, todo apunta a que no nos quedaría sino resignarnos y acatar el dictamen del Gobierno. Esto es lo que muchos piensan que haremos. Pero en nuestra mano está seguir trabajando en la adecuación del marco legislativo que va a definir los procedimientos sin dejar que afecten a la cuestión sustantiva: la autonomía universitaria y la participación de los tres estamentos que la forman en la gestión y gobierno de la universidad.
Por parte del gobierno se apuesta por una universidad de doctores en la que se prima la investigación y el desarrollo del conocimiento científico, por encima de la adecuación de espacios teniendo en cuenta criterios ergonómicos, por encima de la adecuación de las materias impartidas al contexto político-económico actual, por encima de la exigencia de cualificación pedagógica de un lado y por encima de un sistema equitativo de valoración del binomio docencia-investigación.
Por parte de las universidades, la oposición fue unánime, pero vacía de propuestas, limitándose a denunciar y reivindicar la ya maltrecha autonomía. Se acerca la aprobación parlamentaria y se da la paradoja de que la CRUE ahora no le parece mal del todo. Así, la pregunta es: ¿qué intereses defiende? ¿Los de un único estamento o los de toda la comunidad universitaria?
Por parte del PAS y los estudiantes se han transmitido no sólo la denuncia sino también las propuestas a nuestros rectores, quienes son no sólo representantes sino interlocutores con la clase política que gobierna. Pero, si como parece suceder, estos rectores no asumen su responsabilidad más allá de su condición docente-investigadora, el resultado es una ley de políticos y docentes para una institución que necesita estudiantes y PAS para justificar el sustento de sus sueldos con fondos públicos.
Así que a la que suscribe sólo le queda establecer un símil entre la distribución territorial y el partido político mayoritario. El sorprendente resultado es que las universidades que sí han dicho pero no se les ha escuchado, sumadas a las que no han dicho, son aquellas en las el gobierno autonómico es del PP, de modo que, quienes aprueban y consienten, convertirán la institución universitaria pública en el estandarte de la democracia participativa manipulada y censurada, instaurando un sistema de clases, más si cabe, desigual y a mi juicio injusto.
Gwendolyne Moya es estudiante de la Universidad de Valencia.
