Los sindicatos de Santana rechazan el expediente de regulación de empleo anunciado por la dirección

Los sindicatos UGT y CC OO presentes en la empresa automovilística Santana celebraron ayer asambleas en Linares (Jaén) para explicar la situación de desacuerdo que mantienen con la Junta de Andalucía sobre las condiciones en las que más de 400 trabajadores pasarán a empresas privadas. Las dos organizaciones sindicales coincidieron en reclamar a la Administración autonómica, propietaria de la empresa, una ampliación en el plazo de negociación y mostraron su rechazo al expediente de regulación de empleo que ha anunciado la dirección.

Enrique Martínez, desde UGT, tachó el expediente de 'irresponsabilidad', mientras que Damián Cámara, de CC OO, mostró su sorpresa por el hecho de que en el plan suscrito con la Junta en febrero se hablase de la incorporación de 364 trabajadores a las empresas privadas y que ahora la cifra se haya elevado hasta 451. Este último dato lo ofreció el presidente de Santana, Salvador Durbán. 'No se cumple lo pactado', señaló Cámara.

Los dos sindicatos también están dispuestos a seguir con las movilizaciones, para lo que han convocado una reunión del comité de empresa para mañana lunes. Serán sus miembros los que decidan qué hacer después de que ayer sus asambleas les diesen el visto bueno para continuar con los actos de protesta.

Consideran 'irrenunciables' dos puntos que no acepta la Junta, la igualdad salarial entre los trabajadores de Santana y los que pasen al sector privado, y que éstos últimos disfruten también en el futuro de medidas sociales que se aprueben en la empresa automovilística aunque dejen de estar en ella.

CC OO mantiene que los empleados que pasen a las privadas a través de la externalización de 13 líneas de producción no pueden quedar 'al descubierto' ante una crisis industrial que pudieran padecer sus nuevos patronos. Cámara también resaltó que todavía no se conoce la totalidad de las empresas que comprarán esas líneas, por lo que considera que es un nuevo incumplimiento del pacto de febrero. También coincidieron los dos sindicatos en rechazar los actos de violencia protagonizados por trabajadores de Santana que se produjeron en la vivienda del secretario general de Empleo de la Consejería, Francisco García, que reside en la localidad jiennense de Guarromán.

Puesto de trabajo fijo

El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, aseguró ayer desde Jaén que el plan de febrero es la única salida que tiene Santana ante sí para seguir funcionando. Los empleados que pasen al sector privado, añadió, van a un puesto de trabajo fijo y con condiciones similares a las que tienen en la fábrica de Linares. Para los que pierdan algún concepto, como la antigüedad, se ha previsto una compensación económica. 'Nadie va a perder su puesto de trabajo y se mantienen y garantizan las rentas', subrayó Zarrías.

Zarrías defendió a Francisco García, con quien estuvo por la mañana en la capital. Aseguró que ha dedicado desde hace siete años mucho tiempo y esfuerzo para conseguir que Santana se mantuviese activa. Zarrías se mostró convencido de que el Gobierno central no va a participar en el plan de acción de Santana, que tiene un coste estimado de 40.000 millones de pesetas. 'El Gobierno no va a ayudar a Santana ni a Andalucía, que lo sepa todo el mundo', sentenció Zarrías.

El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, aseguró el viernes en Linares que el Gobierno central sí participará en un plan social para Santana, pero una vez que la Junta haya resuelto las privatizaciones y el conflicto con los trabajadores. Zarrías dudó de su palabra y recordó que el dinero que llegase hasta la fábrica automovilística en ningún caso sería para la propia Junta como propietaria de la empresa 'sino para ayudas a los trabajadores'. El consejero señaló directamente al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como uno de los responsables de decidir que hasta Santana no llegue dinero de la Administración central.