El presidente del PP de Málaga dice que hay que estudiar la disolución del Ayuntamiento de Marbella

La muerte del funcionario de los Juzgados de Marbella Francisco Calero, detenido como sospechoso del robo de 15 sumarios, ha provocado un giro en la actitud del Partido Popular sobre una eventual disolución del Ayuntamiento. Ayer el presidente provincial del PP, Joaquín Ramírez, afirmó que 'merece la pena que empecemos a estudiar la posibilidad de pedir la disolución del Ayuntamiento de Marbella'.

Ramírez reconoció que hasta ahora su formación no era partidaria de esta medida propuesta en diversas ocasiones por Izquierda Unida en el último año. De hecho, mañana lunes se debatirá en la Comisión de Interior del Senado otra iniciativa de IU en este sentido, presentada por el senador jiennense José Cabreros. Sin embargo, el cambio de postura del presidente provincial del PP todavía no se reflejará en la votación de mañana.

Su nuevo punto de vista está motivado 'por el suicidio de un funcionario del Estado, por presiones de un ambiente que desborda todo lo imaginable', admitió Ramírez. El dirigente popular criticó la actitud 'del señor Gil y sus acólitos, que son muchos más de los que pensábamos'. Incluso reprobó el comentario del alcalde tras la muerte de Calero: 'Le mandó un mensaje a la familia, que lo conocía y era una buena persona, he visto muchas películas de la mafia y me resulta muy familiar todo esto'.

El senador socialista Manuel Arjona, alcalde de Archidona, se mostró reticente a tomar una decisión tan drástica como la disolución de un ayuntamiento: 'Sea quien sea el alcalde, lo ha elegido la gente'. Sin embargo, también sugirió que 'el asunto se estudie; el Gobierno y el Poder Judicial tienen que estar encima de la situación de Marbella, que es cada vez más fea'. Salvador Pendón, secretario de Política Municipal del PSOE andaluz, explicó que 'con la normativa actual, sólo una catástrofe gravísima justificaría una disolución'. En su opinión 'no ha llegado el momento de tomar esta medida en Marbella'.

Su coordinador en Málaga, Rafael Rodríguez, reiteró que Izquierda Unida 'entiende desde que el alcalde fue condenado a 28 años de inhabilitación por el caso de las camisetas, que la única salida al caos y al peligro para el patrimonio municipal es la disolución del Ayuntamiento'.

La portavoz municipal del PSOE, Isabel García Marcos, apuntó que 'para que el Gobierno decrete la disolución debe haber una causa que afecte a toda la corporación, y la única que puede esgrimirse aquí es un proceso penal por los 65.000 millones de pesetas que el Tribunal de Cuentas estableció que habían desaparecido de todas las áreas de gestión'. La dirigente socialista separó esta medida de las causas penales contra el alcalde: 'Su responsabilidad individual no debe afectar a toda la corporación, si ha cometido algún delito, son los jueces quienes tienen que juzgarlo y condenarlo'.