Campaña sin debate

Desde hace años, las propuestas políticas de los partidos gallegos acaban inevitablemente eclipsadas por la discusión sobre la campaña misma y sobre sus reglas de juego. No parece que esta vez vaya a ser la excepción. Apenas iniciada la carrera para las elecciones autonómicas del 21 de octubre, los partidos de la oposición denunciaron la emisión en los telediarios nacionales de la víspera de lo que consideran un 'publirreportaje' sobre los grandes logros de la Xunta.

Televisión Española tiene otro jalón que añadir a su larga historia de sectarismo, aunque en ese tosco juego cuenta también con duros competidores. La técnica del publirreportaje es también la norma en los informativos de TVG, donde estos días se suceden las interminables imágenes y palabras de Fraga (que no es raro que protagonice hasta media docena de noticias) anunciando inversiones e inaugurando toda clase de obras. Son reminiscencias del franquismo más casposo. En su condición de candidato del PP, Fraga dispone de la cuota proporcional que se asigna a cada partido en el bloque de información electoral. Pero en sus funciones institucionales de presidente de la Xunta, el veterano líder y sus consejeros transforman los informativos en una loa permanente a los éxitos del Gobierno.

La conversión de TVG en mero instrumento de propaganda es uno más de los ejemplos del concepto patrimonialista del poder que ha distinguido al PP en Galicia. Ayer mismo se conocía un informe del Tribunal de Cuentas autonómico que concluye que, en los años 1998 y 1999, la Xunta destinó el 90% de los fondos de su principal programa de inversiones municipales a los ayuntamientos gobernados por el PP, que entonces sumaban el 66% de la población gallega. A Fraga le indigna que le acusen de clientelismo, pero con datos como ésos no le resulta fácil convencer de lo contrario. Como tampoco parece muy alentador que el presidente de la Diputación de Pontevedra, en presencia del propio Fraga y de la plana mayor del PP, proclame a los cuatro vientos que va a contratar una flota de vehículos para acarrear votantes a las urnas.

Esa privatización de las instituciones y su conversión en armas de propaganda o de presión sobre la voluntad de los votantes esterilizan el debate público y contaminan las campañas electorales. Aun si concediésemos cierta razón a Fraga cuando dice que sus rivales usan tales argumentos para ocultar la falta de alternativas, no estaría de más que el PP hiciese propósito de enmienda. Sería la mejor manera de lustrar el hipotético triunfo que le atribuyen las encuestas.