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La edil imputada en el 'caso Limasa' dice no saber nada de las obras que certificó

El municipio de Málaga pagó obras no hechas

Once meses después de su primera comparecencia ante el juez, la ex concejal de Medio Ambiente de Málaga y actual edil de Cultura, Ana Rico (PP), reconoció en una nueva comparecencia que nunca hasta ayer había visto el proyecto de las obras realizadas por la empresa mixta de limpieza en los paseos marítimos en agosto de 2000 y que fueron pagadas por el consistorio ocho meses antes. Rico, a quien el juez imputa varios presuntos delitos, aseguró que ni encargó el proyecto ni fue consultada sobre él.

Rico volvió ayer a prestar declaración ante el juez a petición de la acusación popular que ejerce el PSOE, tras comprobar en la documentación obrante en el sumario que las obras para la construcción de una boca de agua para el baldeo del paseo marítimo Antonio Machado fue realizado en agosto de 2000, cuando ocho meses antes el consistorio pagó a Limasa 40 millones de pesetas porque había certificado que las obras se habían realizado.

Esta certificación fue firmada por la propia concejal, quien en una comparecencia anterior declaró que su misión no era comprobar si los pagos que autorizaba correspondían a actuaciones realmente ejecutadas y que para esa labor están los técnicos.

Aunque Rico arrojó ayer poca luz sobre el asunto, el PSOE entiende que de su nueva declaración se desprende que el equipo de gobierno municipal trató de justificar el pago de 40 millones de pesetas que realizó en diciembre de 1999 incluyendo proyectos a posteriori que eran ficticios. En la certificación pagada por el consistorio figura expresamente que los 40 millones corresponden a una boca de riego supuestamente construida en el paseo marítimo de Pedregalejo. Pero desde que se inició la instrucción judicial del caso, la ex concejal de Medio Ambiente siempre ha hablado en plural de obras en los paseos marítimos. Según el PSOE, ello se debe a que la obra de Pedregalejo tenía en realidad una cuantía muy inferior a la pagada.

Tesis comprometida

Esta tesis queda además comprometida por el testimonio del técnico que redactó el proyecto de la obra en el paseo Antonio Machado, que reconoció la pasada semana al juez que el proyecto se le encargó en julio de 2000 y fue realizado en agosto. El asunto fue conocido en junio de 2000 y el Ayuntamiento tuvo que reconocer entonces que la obra de Pedregalejo no se había realizado pese a que la había pagado. El alcalde ordenó la apertura de una investigación interna, pero quedó en suspenso al llegar el caso a los juzgados. Según el alcalde, Francisco de la Torre, Limasa reintegró en octubre de 2000 los 40 millones al Ayuntamiento.

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Además de negar que ella encargara el proyecto, Rico dijo ayer que no lo había visto nunca, y que desconocía sus contenidos y la fecha en que fue encargado. También aseguró desconocer si para estas obras Limasa tenía que pedir licencia y, en el caso de la del paseo marítimo Antonio Machado, pedir también autorización a la autoridad portuaria. 'Son cuestiones técnicas a las que no puedo responder', aseveró.

Para el portavoz del PSOE, Francisco Oliva, resulta 'impresentable que en agosto de 2000, cuando ya había estallado el escándalo por el pago de una obra sin hacer, la concejala no supiera que se hacía otra igual, y en todo caso tampoco es comprensible que no pidiera asesoramiento'.

El portavoz adjunto de IU, José Luis Portillo, aseguró que la actual edil de Cultura 'no tiene capacidad ni conciencia para seguir ocupando un cargo público'. 'Es incomprensible que quien firma las autorizaciones de pago reconozca que desconoce si las obras estaban realizadas, ni conozca el proyecto, ni sepa si estaba autorizadas', dijo.

El juez instructor del caso imputa a la concejal del PP presuntos delitos de falsedad, estafa, apropiación indebida y malversación de fondos. Por los mismos motivos están también imputados el ex director del área de Medio Ambiente Jorge López Martínez; el ex jefe de servicio Julián Laguna; el ex gerente de Limasa Javier Fuentes; el interventor municipal, Carlos Claros; la funcionaria María Victoria Palomo; y el representante de la empresa responsable de ejecutar las obras, Juan Andrés Muñoz Pino.

Ana Rico, a la salida ayer de los juzgados.
Ana Rico, a la salida ayer de los juzgados.RAFAEL MARCHANTE

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