El bombero pirómano

El portavoz socialista, Jesús Caldera, ofendido por una respuesta bastante impertinente del vicepresidente Rato en la sesión de control del miércoles, anunció ayer que su partido se 'desvincula' del acuerdo alcanzado el pasado lunes con el PP para la renovación de 36 cargos institucionales. Los socialistas condicionan el mantenimiento del acuerdo, que se vota el día 24 de octubre, a una rectificación satisfactoria por parte del Gobierno. Por segunda vez en ocho días los socialistas amenazan con deshacer este acuerdo por sendas intervenciones en el Parlamento de Rodrigo Rato, que a preguntas relacionadas con Gescartera ha respondido en términos que el PSOE considera vejatorios para su secretario general.

Ya a comienzos de septiembre la batalla de Gescartera en el Parlamento se abrió con una acusación del portavoz popular, Vicente Martínez Pujalte, sobre la supuesta presencia de altos cargos socialistas entre las personas beneficiadas por la estafa de Gescartera. Amenazaron con no formar parte de la comisión de investigación sobre el escándalo, cuya creación se había aprobado ese mismo día. El PSOE no mantuvo el órdago, dándose por satisfecho con unas confusas palabras del portavoz popular en las que no rectificaba nada, pero en las que decía no haber pretendido ofender la 'honorabilidad' de los señalados.

El miércoles de la pasada semana, Rato aprovechó su respuesta a una pregunta sobre Gescartera para acusar a la actual dirección socialista de intentar colocar en cargos institucionales 'a todos los ex ministros con los que Zapatero no se siente cómodo y a los que quiere quitar de las listas [electorales]'. Sus palabras estuvieron a punto de arruinar el acuerdo institucional a punto de cerrarse. Anteayer acusó al PSOE de 'chantajear' al PP condicionando el acuerdo a que fuera designado miembro de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) Jaime González, un 'ingeniero agrónomo de León y amigo del señor Zapatero'.

Un vicepresidente que boicotea de esa manera los acuerdos institucionales es tan congruente como un bombero pirómano. Es evidente la intención descalificatoria. Su comentario tenía que ver con los criterios para nombrar cargos públicos. Había defendido que a Giménez-Reyna, Pilar Valiente y Luis Ramallo los había nombrado 'por su profesionalidad y conocimientos técnicos'. Rato insinuaba que el PP utilizaba criterios serios, mientras que los socialistas colocaban a sus amiguetes. Sin embargo, el propio Ramallo ha reconocido estos días que a él le ofrecieron, cuando dejó su escaño, ser presidente de la compañía Trasmediterránea, cargo que rechazó porque no sabía nada de barcos. A cambio pidió a Rato un puesto en la Comisión del Mercado de Valores, donde fue nombrado vicepresidente. Sobre Pilar Valiente añadió que su currículo 'es lo suficientemente extenso y conocido', lo que podría ser un sarcasmo a la vista de su participación en el asunto de la supuesta amnistía fiscal de los socialistas. Y la competencia técnica que nadie discute a Giménez-Reyna ha resultado compatible con lo que ayer declaró a la juez: que ya en 1995 había intentado vender a Camacho, principal acusado de Gescartera, una empresa de la que era consejero.

Por tanto, la pregunta no era impertinente, y sí lo fue la respuesta de Rato. Ser ingeniero agrónomo (como Jaime Mayor Oreja) no es un aval para entrar en la Comisión de la Energía, pero tampoco un impedimento. No es imprescindible ser abogado del Estado para saber de todo. La insinuación de Rato -al que Aznar ve bien, 'incluso muy bien'- contribuye a agravar la desastrosa impresión que ha dejado en la opinión pública la negociación PP-PSOE. La responsabilidad está bastante repartida, porque ambos han supeditado los intereses institucionales a los partidarios, asumiendo alegremente el riesgo de romper delicados equilibrios entre poderes. Pero peor que el acuerdo alcanzado sería ahora su ruptura. El PSOE debe modular su respuesta. No todos los agravios merecen un duelo.