Chamizo solicita a la Junta un grupo especial para atender a menores

El defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, pidió ayer a la Junta que ponga en marcha 'un cuerpo' de menores que garantice la continuidad en las actuaciones de los especialistas en esta materia y advirtió de que los 'constantes' cambios laborales en este ámbito 'no son buenos' para los niños. 'Se trataría de confeccionar un grupo de personas, dentro de la función pública, adscrita al área de menores de la Administración autonómica', explicó Chamizo, quien compareció en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento para explicar el informe elaborado por la institución que dirige sobre El acogimiento familiar de menores protegidos en Andalucía.

A su juicio, los profesionales que atienden a menores registran 'continuos' cambios laborales por la 'dureza' del trabajo y la condiciones laborales, lo que, según dijo, 'causa problemas' en la continuidad de los trabajos de seguimiento. En el informe se advierte de que Asuntos Sociales 'abusa' de las preadopciones, hecho que, según Chamizo, puede suponer un 'fracaso del sistema e ir en contra' de los derechos de los menores y de la familias de origen.

Aunque Chamizo se quejó de la 'pobreza' de los datos existentes en esta materia en la consejería, durante el año 2000 se registraron 3.635 menores acogidos en el entorno familiar, frente a los 3.731 de 1999, mientras unos 2.164 se incorporaron al acogimiento residencial (2.197 en 1999).

Separación

El trabajo del defensor destaca también que no se realizan labores de seguimiento y control de los niños acogidos, y sostiene que la mayoría de los acogimientos adoptivos incluye un criterio que tiende a 'perpetuar' la situación de acogimiento del menor y su separación de la familia biológica. El informe revela la 'preocupante ausencia' de control de expedientes y 'carencias' en el sistema de protección y analiza los Servicios de Atención al Niño (SAN) de los que afirma que dispone de medios 'escasos, un alto porcentaje de interinos, poca dotación de material y una gran carga burocrática'.

María Isabel Flores (PSOE) calificó el trabajo de la oficina del Defensor de 'serio, riguroso y no exento de dificultades', y admitió que, tal y como recoge el informe, el Gobierno andaluz debe acelerar el desarrollo normativo de la Ley de Atención al Menor. 'Me parece exagerado que se diga que Asuntos Sociales abusa de las preadopciones, ya que en el periodo analizado aumentaron un 15%', precisó.

Ana María Corredera (PP) criticó la 'falta' de coordinación, previsión y organización del sistema, y apuntó que es la Junta la 'responsable' de que los servicios sociales comunitarios 'carezcan' de medios. Manuel López Calvo (IU) pidió al Gobierno andaluz que utilice el informe para resolver los problemas y alertó sobre los recortes presupuestarios en esta materia.