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Los delitos fiscales acumulan 3.345 causas pendientes de sentencia

El Poder Judicial reclama más agilidad

Los juzgados y los tribunales están colapsados por el número de delitos fiscales que les remite Hacienda. En 2000, la Agencia Tributaria envió a los juzgados 714 casos de delito fiscal, pero éstos apenas dictaron 46 sentencias. Los tribunales no dan abasto para resolver los casos y acumulan ya 3.345 causas por sentenciar, según Hacienda. Los jueces piden más medios y que se agilice la ley para acabar con el colapso.

Los casos en fase de instrucción o pendientes de juicio llevan aumentando varios años, pero el pasado los casos pendientes de juicio crecieron un 24,7%, según Hacienda. Por el contrario, los delitos fiscales sentenciados cayeron al nivel más bajo en una década, apenas el 6,4% de los recibidos, si se exceptúa 1994. El 80% de las sentencias fueron condenatorias, lo que avala la actuación de los servicios de inspección, según datos de Hacienda.

La explicación a este desbarajuste judicial es que 'faltan jueces y medios' y 'se necesita un procedimiento abreviado para resolver los casos', según el Consejo del Poder Judicial. Su portavoz, el magistrado Benigno Varela, recalca que hay que cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar los casos en los tribunales. El magistrado admite que el procedimiento para juzgar los delitos fiscales suele ser lento porque los afectados tienen derecho a pedir peritajes distintos al juez, y recurrir si no los acepta para comprobar si la cuota defraudada es mayor de 15 millones. No llegar a esta cuota defraudada es importante, ya que deja el expediente en un mero fraude fiscal. Para que exista delito se requieren dos condiciones: que la cuota defraudada sea mayor de 15 millones y que exista ánimo de cometer fraude. Los delitos fiscales pueden ser castigados incluso con la prisión, además de pagar las multas.

El resto de los casos son fraudes que se resuelven con sanciones sin ir a los tribunales. Los casos de delito fiscal suponen que Hacienda deja de cobrar hasta que los jueces se pronuncien. En cambio, con los fraudes Hacienda cobra, aunque el contribuyente recurra en disconformidad. Pese al aumento del número de presuntos delitos descubiertos, las cantidades reclamadas rondaron el año pasado los 68.000 millones de pesetas, un 18% menos que en 1999, según destaca Hacienda.

La cuota media defraudada ronda los 159 millones de pesetas. El IVA sigue concentrando la mayor parte de los delitos fiscales de las empresas, seguido por el IRPF cuando se trata de asalariados o empresarios autónomos, según destaca la memoria de Hacienda de 2000, que no concreta las cantidades afectadas por delito fiscal en cada impuesto.

Alza en el fraude

Si en el caso del delito fiscal Hacienda no da cifras, sí las da sobre el fraude. En el IRPF, las cantidades reclamadas han descendido un 13,3% y sumaron 46.905 millones el año pasado. Crece, por el contrario, el fraude en el IVA y en el impuesto de sociedades. En el impuesto de sociedades, la Agencia Tributaria levantó actas por 234.191 millones de pesetas, un 11,6% más. Por IVA hubo 144.210 millones, un 10,2% más.

La tardanza no significa que el delito pueda prescribir. Prescribe a los cuatro años pero siempre que el juzgado no hace nada en ese periodo. El Gobierno quiere pactar con la oposición una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sirva para agilizar las sentencias. Éste es uno de los puntos que figura en el Pacto de Estado de la Justicia que alcanzaron las fuerzas políticas antes del verano y que se halla sin concretar.

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