La Junta resalta el alto grado de cumplimiento de la normativa

El pasado julio concluyó la primera fase de adaptación a la nueva normativa que regula el control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas con un 'alto nivel de cumplimiento', según la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, que no ha tenido que tomar ninguna medida sancionadora.

Desde ese mes, la Junta tiene la notificación de las industrias sobre su actividad y las sustancias peligrosas que tienen en sus instalaciones, así como los planes de emergencia interior que todas ellas están obligadas a realizar. También disponen de esta información las delegaciones provinciales de las consejerías de Salud, de Gobernación y de Obras Públicas y Transportes.

Las medidas de control están estipuladas en el Real Decreto 1254/1999, que supuso una mejora respecto a la normativa anterior que regulaba la actividad, y emana de una directiva europea tras constatarse que más del 85% de los accidentes tenían como causa principal fallos en los sistemas de gestión de los riesgos, o la carencia de éstos. La normativa tiene como principal vocación la reducción de riesgos. Los planes de prevención deben contemplar la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente. Las empresas están obligados a probar estos planes periódicamente. En uno de sus anexos se detalla la relación de sustancias consideradas peligrosas y en qué cantidades, calificadas en dos grados.

El decreto refuerza también el papel de las autoridades. En Andalucía, la normativa se completa con un decreto en el que se delimitan las competencias de cada administración (Decreto 46/2000 de 7 de febrero de 2000) y una orden de la consejería sobre los procedimientos a seguir (Orden de 18 de octubre de 2000).

Todas las industrias deben disponer de un plan de emergencia interior y otro exterior realizados con los Centros de Emergencia Regional de cada provincia, que coordina su aplicación.

Nuevas acciones

Pese a que la Junta considera que esta regulación garantiza suficientes medidas de seguridad, Izquierda Unida presentó el pasado día 25 una Proposición no de Ley en el Parlamento autonómico para instar al Consejo de Gobierno a elaborar un plan destinado a minimizar los riesgos para el medio ambiente y para la salud que tienen estos complejos industriales.

La propuesta contempla a corto plazo el reforzamiento de los planes de seguridad en coordinación con las empresas, y la evaluación de riesgos; y a mayor horizonte, establecer unos criterios urbanísticos para que los complejos industriales se instalen lejos de las poblaciones.