Afectados por el desalojo de Can Tunis impugnan la expropiación

Mientras las máquinas del puerto de Barcelona preparan el terreno en el solar pegado al barrio de Can Tunis, en la Zona Franca, muchos vecinos del poblado han decidido impugnar la expropiación forzosa que está realizando el Ayuntamiento. Veinte familias han aceptado las indemnizaciones que ofrece Regesa y ya se han ido. Pero muchas se niegan porque no quieren dinero, sino ser realojadas en pisos de protección.

Se está negociando caso por caso, familia a familia en un barracón que instaló Regesa al pie del Cinturón del Litoral. Pero fuera del barrio, dentro del territorio del puerto y custodiado policialmente. Ésta no es una operación urbanística cualquiera. Se trata de desmantelar un barrio que nació a finales de la década de 1970 para poner fin al barraquismo de Montjuïc y que se ha convertido en el penúltimo reducto de la venta libre de droga. La mayor parte de las 100 familias de Can Tunis son gitanas, y el tráfico de drogas -unos 800 toxicómanos acuden a diario a comprar lo que necesitan- ha hecho estragos.

El ir y venir de los afectados por el desalojo a la caseta de Regesa y el de los toxicómanos que regresan de proveerse de drogas por un solar infestado de jeringuillas se ha convertido en una estampa habitual en los últimos meses. Se trata del mismo descampado que atraviesan los estudiantes de la escuela Xavo-Xavi, justo al lado de una de las salidas del puerto.

La operación de desalojo de Can Tunis, que se convertirá en una zona de aparcamiento para los camiones que cargan y descargan en el puerto, está previsto que se prolongue durante dos años. En tres meses, una veintena de familias del poblado lo han abandonado. 'Son los que ya tenían claro adónde ir, y también dinero. Han cogido lo que les daba el Ayuntamiento y ya está', resume Manuel, uno de los vecinos de Can Tunis que aguarda su turno sentado en una valla junto a las rejas del puerto. Él, como muchos otros, insiste en que no se conforma con las cantidades que se están dando: 'ocho millones por las grandes -son las viviendas que pueden tener hasta 150 metros-, siete por los cuartillos -las construcciones anexas a las casas originarias del poblado- y cinco millones para las familias que vivían en cuartos alquilados'. Para algunos sólo se trata de llegar a un acuerdo económico. Pero cada vez son más los que exigen una vivienda a cambio, de protección oficial, tal como ha ocurrido en otras operaciones de reforma de varios barrios de la misma Zona Franca, como el Polvorín o Can Clos. 'Se trata de una expropiación forzosa y eso obliga a que los afectados sean realojados en pisos sociales. Por eso se ha recurrido la resolución del Ayuntamiento', explica Basilio, un veterano del movimiento vecinal y profesor del instituto Txavo-Txavi, de Can Tunis. Se ha convertido en la voz de los afectados que luchan por permanecer al margen de la droga. De los que quieren ser trasladados a pisos sociales y escuelas en las que sus hijos puedan seguir intentado salir adelante. 'Allí dentro está claro quién se dedica al trapicheo de la droga y quiénes trabajamos en lo que podemos', remacha un hombre, de unos 30 años, que ha ido a hablar con Basilio de cómo va el desalojo.

Uno de los problemas en la expropiación de Can Tunis ha sido establecer un censo de vecinos. Muchas de las 48 familias titulares de los contratos de arrendamiento de las casas -el Patronato giraba recibos de 500 y 1.000 pesetas, recuerda Basilio- optaron por venderse las casas unos a otros. Antes de iniciar la operación, el Ayuntamiento realizó algo parecido a un censo. Tanto los técnicos y asistentes que están al frente de la oficina de Regesa junto al poblado como el gerente de los Servicios Sociales, Eduard Spagnolo, aseguran que en ningún caso se dejará a nadie en la calle pero también insisten en que se quiere evitar, a toda costa, el agrupamiento porque se volvería a crear un gueto.

'No se trata de conceder sólo una ayuda económica sino de buscar un realojamiento que en muchos casos proponen ellos mismos', explica Spagnolo. De la veintena de familias que han abandonado el poblado, algunas se han ido a Sabadell, otras a Girona, a Badalona y una se ha ido de Cataluña. Pero la picaresca existe y los que se conforman con dinero alegan que en una de las habitaciones de su casa vivía un hijo casado, por ejemplo. O más. De lo que se trata es de aumentar la familia para que la indemnización sea mayor.