El matrimonio como necesidad

La oposición del PP y CiU a aprobar el matrimonio de gays y lesbianas en el Congreso el pasado 25 de septiembre no implica sólo dejar a una buena porción de la población sin un derecho del que disfruta el resto. Supone también complicarles la vida. Para ellos es más difícil -cuando no imposible- dejar una herencia a su pareja, cobrar una pensión de viudedad, pedir permiso en el trabajo para acompañarle durante un ingreso hospitalario o conseguir el permiso de residencia si el compañero es extranjero.

'Algo tendrá el matrimonio, cuando todo el mundo, de derechas y de izquierdas, se casa', declara Pedro Zerolo, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas y Gays (FELG). La secretaria de la FELG, Beatriz Gimeno, añade: 'Cuando se reclama el derecho al matrimonio no se está pidiendo un capricho ni algo teórico de lo que los demás disfrutan. Las leyes están pensadas para defender a la familia tradicional, y nuestras familias quedan en inferioridad de condiciones'. Sin el reconocimiento de una igualdad legal se hace más difícil la igualdad social, apuntan otros portavoces del colectivo.

Herencia, pensiones, adopción conjunta, derechos laborales o permiso de residencia son sólo la punta del iceberg. Las asociaciones de gays y lesbianas de EE UU han elaborado una lista con más de 300 derechos que se le niegan a una pareja que no puede casarse, y que disfrutan las casadas.

Entre ellas, destaca Gimeno, se incluyen, aparte de los ya dichos, la posibilidad de apuntar a su pareja en el seguro sanitario (público o privado) pagando lo mismo que si fuera su cónyuge, realizar declaraciones de la renta conjuntas y poder decidir sobre los tratamientos médicos de la pareja si ésta no está en condiciones de decidir.

Esta desigualdad se hizo presente 'como un mazazo' para Inés cuando falleció su compañera, hace unos cuatro años. La enfermedad de Marta fue rápida, y su muerte, inesperada. Las dos eran jóvenes (tenían 32 y 38 años entonces), y, aunque llevaban seis años juntas, no habían hecho testamento. Inés estaba en el paro, así que cuando compraron un piso, lo escrituraron a nombre de Marta.

'Parecía que todo iba bien. Durante las vacaciones visitábamos a su familia y a la mía. Se suponía que aceptaban nuestra relación. Pero cuando Marta murió, sus hermanos aparecieron a quedarse todo. Tuve que dejar la casa en menos de un mes, y hasta me pidieron la factura para poderme llevar el equipo de música que yo había comprado', recuerda Inés. 'Me quedé con lo puesto. Por supuesto, no tuve derecho a pensión, y tuve que volver a vivir a casa de mi madre', explica la mujer. 'Ahí estuve más de medio año, hasta que conseguí un trabajo como administrativa en una oficina bancaria y pude independizarme de nuevo', declara.

Los nombres de las dos mujeres de esta historia son falsos, y es que la mayoría de gays y lesbianas con que ha hablado este periódico todavía se niegan a identificarse en público.

'No quiero que la familia de Marta crea que me estoy vengando de ellos', afirma Inés. 'Además, en mi trabajo no saben nada', añade. Otras razones dadas son que su familia ignora su condición de gay o lesbiana, el no querer 'significarse' en el barrio o evitar que en el colegio sepan que su hijo vive con dos mujeres, por ejemplo.

No hace falta llegar al extremo de que uno de los miembros de una pareja muera para que las uniones de gays y lesbianas se enfrenten a situaciones de discriminación. Mili Hernández, propietaria de la librería de temática gay y lesbiana Berkana, en Madrid, explica el siguiente caso de unas amigas. 'Cuando operaron a una, la otra tuvo que pedir cuatro días sin sueldo en el trabajo para poder acompañarla en el hospital. Si fueran un matrimonio, le habrían dado los días libre sin problema', afirma. Como en otros casos, las protagonistas no quisieron contar públicamente su historia.

Algunas veces, la discriminación entre quienes pueden casarse y las parejas que lo tienen prohibido llega a impedir su convivencia. Es lo que ocurre cuando uno de los miembros de la relación es extranjero y no tiene permiso de residencia. Una boda serviría para regularizar su situación. Al no existir posibilidad de matrimonio, los trámites se alargan.

'Marcos -otro nombre falso- es ecuatoriano. Llevamos juntos tres años. De ellos, durante los dos primeros Marcos estuvo en situación ilegal en España, con el riesgo permanente de ser expulsado. Por fin hace un año conseguimos arreglar su situación', cuenta Andrés, su 'marido', como él mismo se llama. Para ello tuvo que conseguir una oferta de trabajo y volverse a Ecudor a acabar el papeleo, relata.

En la 'incoherencia' del sistema legal español, como lo definió la diputada socialista Leire Pajín en el Congreso, está que a veces sí se conceden derechos a las parejas de hecho, independientemente del sexo de sus componentes. El reconocimiento legal es mayor si viven en comunidades autónomas con leyes de uniones estables (Cataluña, Navarra, Arargón y la Comunidad Valenciana). También hay registros municipales y convenios colectivos más igualitarios que otros. Algunas leyes, como la de arrendamientos urbanos y víctimas del terrorismo, igualan matrimonios a otras formas de convivencia. Dentro de la Unión Europea, la situación oscila entre la equiparación casi completa de Holanda y los países escandinavos a las leyes que el Parlamento Europeo denuncia como discriminatorias de Grecia, Irlanda, el Reino Unido y Portugal.

La vida de Inés, las amigas de Mili, Marcos y Andrés hubiera sido más fácil si se hubieran podido casar. Como señaló el diputado del Bloque Nacionalista Galego Francisco Rodríguez en el debate parlamentario del pasado martes sobre el matrimonio de gays y lesbianas, la diferencia es que 'hay parejas heterosexuales que no quieren casarse; las homosexuales, simplemente, no pueden'.