Un perito confirma el 'cambiazo' de planos oficiales de la Variante Este

Un informe pericial entregado al juez que investiga el caso de la Variante Este, la autovía bilbaína donde los vecinos han descubierto irregularidades urbanísticas, ha confirmado la existencia de planos oficiales diferentes sobre esta carretera. El informe corroborra las denuncias de los vecinos, que comprobaron que hubo un cambiazo de planos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Bilbao para justificar la legalidad de un vial inicialmente previsto como una carretera con dos carriles y que se convirtió luego en autovía, en funcionamiento desde julio de 2000.

El informe pericial, que fue ratificado ayer por su autor en una audiencia pública celebrada en la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior, es la última prueba pendiente en este caso, iniciado en noviembre. La Asociación de Familias de Otxarkoaga, que lleva más de un lustro en contra de esta carretera por dividir este barrio y suprimir zonas verdes, presentó entonces su última demanda, aportando documentación oficial del Ayuntamiento de Bilbao en la que no constaba la tramitación urbanística pertinente y sí la existencia de un 'cambiazo' de planos del PGOU.

La cuestión radica en que el plan general de Bilbao contemplaba hasta principios de 1994 un proyecto para la Variante Este diferente al realizado. Sin embargo, a mediados de ese año se modificó el proyecto y también el PGOU para ese área. Pero se hizo, y éste es el núcleo de la denuncia vecinal, sin el preceptivo trámite de exposición pública de los cambios. El acta de una reunión de la la oficina municipal del Plan General, de abril de 1994, dice que la Variante Este fue elaborada 'como un expediente propio de la Diputación foral' y 'sin que el Ayuntamiento haya tenido la opción de conocer las alteraciones y modificaciones'.

La Diputación ha sostenido ante el juez que se cambiaron los planos por el 'interés general' de la ciudad y, al igual que el Ayuntamiento, ha señalado que eso sucedió en junio de 1994. Sin embargo, el expediente del proyecto -que los vecinos pudieron consultar en mayo pasado, cuando lo llevaban reclamando desde 1997- revela que la contratación del cambio de proyecto se realiza el 21 de junio 1994. 'Si en esas fechas es cuando se contrata, no se puede introducir en el plan general de Bilbao algo que todavía no está hecho', argumentan los vecinos. En el expediente aparece que el proyecto modificado se aprobó siete meses después, en enero de 1995.

Cuatro versiones

Durante sus indagaciones, los vecinos han descubierto cuatro versiones del plan general de Bilbao referido a la Variante Este: dos aparecen en el estudio de impacto ambiental, la tercera es la de la Dirección foral de Obras y la cuarta -la original de 1990, que sería la real- es la que contemplaba un vial simple.

El informe del perito judicial confirma la existencia de estas diferentes versiones de los planos e incluso añade que la documentación del estudio de impacto ambiental, fechado en noviembre de 1994, no coincide tampoco con los otros planos cambiados. 'El plano del estudio de impacto es también distinto de los otros falsificados. Ni siquiera eso lo hacen bien', señaló el letrado de la asociación vecinal.

Los demandantes consideran que este hecho implica también en el caso a la diputada foral de Medio Ambiente, María Esther Solabarrieta, quien avaló el estudio de impacto ambiental y que, en una comparecencia ante las Juntas celebrada la pasada primavera, negó su intervención y dijo que, en cualquier caso, era una materia competente del Departamento de Obras Públicas.

Con la presentación del informe pericial, cada una de la partes implicadas tiene un plazo de 20 días para formular sus conclusiones antes de que el tribunal dicte la sentencia. La asociación vecinal señaló ayer que pedirá al juez que la lectura de las conclusiones, que se suele tramitar por escrito, tenga lugar en una vista pública. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo deberá decidir sobre esta demanda.

La Variante Este, una autovía que costó 3.000 millones, es la obra que más problemas ha causado a la Diputación de Vizcaya, puesto que tanto el proyecto como las expropiaciones de terrenos realizadas fueron anulados por los tribunales a instancias de los vecinos. En el caso del proyecto, la sentencia ha sido recurrida por la Diputación ante el Tribunal Supremo.