La nueva financiación autonómica

Siempre que se abre un debate sobre la financiación de las comunidades autónomas, se termina pensando en cuánto dinero le corresponde a cada una y no en la forma de obtenerlo. Esto es normal, porque el sistema de financiacion ha aparecido ante los ciudadanos con una cierta aureola de complejidad técnica que hacía difícil y hasta tedioso preocuparse por los detalles y se iba directamente al resultado de la propia y a compararla con las demás. La verdad es que el procedimiento era acertado, porque el primer sistema de financiación autonómica, conocido como del 'coste efectivo', se limitaba a poner a disposición de las comunidades autónomas por parte del Gobierno central los recursos que antes gastaba en las competencias transferidas, bien fuera a través de los tributos cedidos (una pequeña parte del coste total) y el resto como participación en los ingresos del Estado. Existía un fondo de solidaridad, el Fondo de Compensación Interterritorial, y un Fondo de Nivelación, para compensar las diferencias de dotación de servicios públicos entre territorios (que eran bastantes) en el momento de las transferencias, y que nunca entró en funcionamiento.

De estas diferencias iniciales -menos colegios o menos camas hospitalarias por ejemplo en una comunidad autónoma que en otra- los sucesivos sistemas de financiación nunca se han hecho cargo y así, aunque se han ido mejorando las dotaciones y hay un mayor grado de autonomía financiera, primero con la cesión del 15% del IRPF y después con el 30% con una pequeña capacidad normativa, nunca se ha modificado la posición relativa de origen en la financiación de las comunidades autónomas, de manera que al final, aun aumentando los recursos a disposición de las mismas, la Comunidad Valenciana siempre ha estado por debajo de la media de la financiación por habitante y además, en la última posición.

No es que estar en la última posición sea malo. Existiendo un Fondo de Solidaridad, si estar en la última posición significara que estamos por encima de la media de la renta española; que somos los más ricos y con las mejores dotaciones, entonces tendría una buena justificación. El problema es que esto no es cierto. De acuerdo con los datos del Consejo de Política Fiscal y Financiera la Comunidad Valenciana ocupa el décimo lugar de quince en cuanto a 'riqueza relativa' o lo que es lo mismo, está entre las siete regiones más pobres de España, con lo cual no tiene lógica que ocupemos la última posición en financiación por habitante de entre las autonomías con competencias plenas.

El nuevo modelo de financiación ahora aprobado ¿ha solucionado esta situación? Sin duda es la pregunta que debemos hacernos. Si nos atenemos a lo que dice nuestro Gobierno autónomo, efectivamente la ha solucionado. Y no sólo eso, sino que reivindica la paternidad del modelo para nuestro presidente.

Cierto es que nuestro Gobierno en esta cuestión no debería tener mucho crédito, puesto que también fue el primer avalista del modelo anterior que, como se ha evidenciado en sus cinco años de vigencia, no ha mejorado nuestra financiación.

Me gustaría decir que el modelo supone un avance para quienes creemos en la autonomía. Y de hecho así es, porque de recibir la mayor parte de la financiación con cargo a la participacion en los ingresos del Estado, ahora, teóricamente, esa financiación vendrá mayoritariamente con cargo a los ingresos del Estado que se 'recauden aquí', a través del 33% del IRPF, más el 35% del IVA, el 40% del impuesto especial sobre la cerveza, el 40% del impuesto especial sobre productos intermedios y alcoholes y bebidas derivadas; el 40% sobre el impuesto sobre labores del tabaco; el 40% del impuesto especial sobre hidrocarburos; el 100% de los impuestos sobre la electricidad y sobre determinados medios del transporte. El resto de la financiación necesaria ha cambiado de nombre. Ahora se llama Fondo de Suficiencia. Sin embargo, el cambio no supone que se puedan modificar los impuestos, ni tampoco que vaya a cambiar la recaudación que seguirá realizándose a través de Agencia Tributaria.

Tantas novedades no cambiarán nuestra posición relativa. Seguiremos sin llegar a la media de financiación por habitante de las comunidades autónomas españolas y seguiremos en el mismo lugar en que nos encontrábamos.

Ahora bien, algo ha cambiado y no precisamente en beneficio de los valencianos. Con el anterior sistema, cuya vigencia se limitaba a cinco años, siempre cabía la esperanza de una revisión tras comprobar las virtudes y defectos de su implantación. Pero el actual, de acuerdo con las declaraciones del Gobierno, tiene vocación de permanencia, lo cual nos orienta hacia la necesidad del cambio político si queremos cambiar la situación. No obstante, la pregonada estabilidad del sistema tiene factores de inestabilidad bastante claros.

En primer lugar, la discusión del modelo de financiación autonómico la ha llevado adelante el Gobierno en una relación bilateral con cada comunidad autónoma, sin que la visión de conjunto que la Constitución otorga al Senado como Cámara de Representación Territorial haya tenido ninguna participación previa a su aprobación.

En segundo lugar, a mi entender, los regímenes forales siguen teniendo una financiación por habitante mucho mayor que las quince comunidades autónomas de régimen común, sin que se haya previsto en el tiempo una cierta perspectiva de equiparación (de recursos, no de régimen).

En tercer lugar, la autonomía financiera como se ha visto, ha quedado muy limitada y por lo tanto, también la corresponsabilidad real y no formal.

Quedan por último los agravios comparativos entre comunidades que, como hemos visto, teniendo menos renta por habitante, reciben menor financiación.

Como se puede ver, el sistema de financiación no es tan complicado y después de arduas negociaciones e imaginativas propuestas, al final hemos vuelto a la misma posición. Sólo deseo que de verdad sea un punto de partida y el actual istema, con el transcurso de los años, ayude a la Comunidad Valenciana a mejorar su no merecida posición.Siempre que se abre un debate sobre la financiación de las comunidades autónomas, se termina pensando en cuánto dinero le corresponde a cada una y no en la forma de obtenerlo. Esto es normal, porque el sistema de financiacion ha aparecido ante los ciudadanos con una cierta aureola de complejidad técnica que hacía difícil y hasta tedioso preocuparse por los detalles y se iba directamente al resultado de la propia y a compararla con las demás. La verdad es que el procedimiento era acertado, porque el primer sistema de financiación autonómica, conocido como del 'coste efectivo', se limitaba a poner a disposición de las comunidades autónomas por parte del Gobierno central los recursos que antes gastaba en las competencias transferidas, bien fuera a través de los tributos cedidos (una pequeña parte del coste total) y el resto como participación en los ingresos del Estado. Existía un fondo de solidaridad, el Fondo de Compensación Interterritorial, y un Fondo de Nivelación, para compensar las diferencias de dotación de servicios públicos entre territorios (que eran bastantes) en el momento de las transferencias, y que nunca entró en funcionamiento.

De estas diferencias iniciales -menos colegios o menos camas hospitalarias por ejemplo en una comunidad autónoma que en otra- los sucesivos sistemas de financiación nunca se han hecho cargo y así, aunque se han ido mejorando las dotaciones y hay un mayor grado de autonomía financiera, primero con la cesión del 15% del IRPF y después con el 30% con una pequeña capacidad normativa, nunca se ha modificado la posición relativa de origen en la financiación de las comunidades autónomas, de manera que al final, aun aumentando los recursos a disposición de las mismas, la Comunidad Valenciana siempre ha estado por debajo de la media de la financiación por habitante y además, en la última posición.

No es que estar en la última posición sea malo. Existiendo un Fondo de Solidaridad, si estar en la última posición significara que estamos por encima de la media de la renta española; que somos los más ricos y con las mejores dotaciones, entonces tendría una buena justificación. El problema es que esto no es cierto. De acuerdo con los datos del Consejo de Política Fiscal y Financiera la Comunidad Valenciana ocupa el décimo lugar de quince en cuanto a 'riqueza relativa' o lo que es lo mismo, está entre las siete regiones más pobres de España, con lo cual no tiene lógica que ocupemos la última posición en financiación por habitante de entre las autonomías con competencias plenas.

El nuevo modelo de financiación ahora aprobado ¿ha solucionado esta situación? Sin duda es la pregunta que debemos hacernos. Si nos atenemos a lo que dice nuestro Gobierno autónomo, efectivamente la ha solucionado. Y no sólo eso, sino que reivindica la paternidad del modelo para nuestro presidente.

Cierto es que nuestro Gobierno en esta cuestión no debería tener mucho crédito, puesto que también fue el primer avalista del modelo anterior que, como se ha evidenciado en sus cinco años de vigencia, no ha mejorado nuestra financiación.

Me gustaría decir que el modelo supone un avance para quienes creemos en la autonomía. Y de hecho así es, porque de recibir la mayor parte de la financiación con cargo a la participacion en los ingresos del Estado, ahora, teóricamente, esa financiación vendrá mayoritariamente con cargo a los ingresos del Estado que se 'recauden aquí', a través del 33% del IRPF, más el 35% del IVA, el 40% del impuesto especial sobre la cerveza, el 40% del impuesto especial sobre productos intermedios y alcoholes y bebidas derivadas; el 40% sobre el impuesto sobre labores del tabaco; el 40% del impuesto especial sobre hidrocarburos; el 100% de los impuestos sobre la electricidad y sobre determinados medios del transporte. El resto de la financiación necesaria ha cambiado de nombre. Ahora se llama Fondo de Suficiencia. Sin embargo, el cambio no supone que se puedan modificar los impuestos, ni tampoco que vaya a cambiar la recaudación que seguirá realizándose a través de Agencia Tributaria.

Tantas novedades no cambiarán nuestra posición relativa. Seguiremos sin llegar a la media de financiación por habitante de las comunidades autónomas españolas y seguiremos en el mismo lugar en que nos encontrábamos.

Ahora bien, algo ha cambiado y no precisamente en beneficio de los valencianos. Con el anterior sistema, cuya vigencia se limitaba a cinco años, siempre cabía la esperanza de una revisión tras comprobar las virtudes y defectos de su implantación. Pero el actual, de acuerdo con las declaraciones del Gobierno, tiene vocación de permanencia, lo cual nos orienta hacia la necesidad del cambio político si queremos cambiar la situación. No obstante, la pregonada estabilidad del sistema tiene factores de inestabilidad bastante claros.

En primer lugar, la discusión del modelo de financiación autonómico la ha llevado adelante el Gobierno en una relación bilateral con cada comunidad autónoma, sin que la visión de conjunto que la Constitución otorga al Senado como Cámara de Representación Territorial haya tenido ninguna participación previa a su aprobación.

En segundo lugar, a mi entender, los regímenes forales siguen teniendo una financiación por habitante mucho mayor que las quince comunidades autónomas de régimen común, sin que se haya previsto en el tiempo una cierta perspectiva de equiparación (de recursos, no de régimen).

En tercer lugar, la autonomía financiera como se ha visto, ha quedado muy limitada y por lo tanto, también la corresponsabilidad real y no formal.

Quedan por último los agravios comparativos entre comunidades que, como hemos visto, teniendo menos renta por habitante, reciben menor financiación.

Como se puede ver, el sistema de financiación no es tan complicado y después de arduas negociaciones e imaginativas propuestas, al final hemos vuelto a la misma posición. Sólo deseo que de verdad sea un punto de partida y el actual istema, con el transcurso de los años, ayude a la Comunidad Valenciana a mejorar su no merecida posición.

Joan Lerma es ex presidente de la Generalitat.