El Instituto de Estudios Autonómicos advierte en un informe de la posible inconstitucionalidad de la ley de 'déficit cero'

Un informe del Instituto de Estudios Autonómicos (IEA) de la Generalitat dictamina que la Ley de Estabilidad Presupuestaria que promueve el Gobierno central, conocida como ley de déficit cero, 'limita con fuerte intensidad la autonomía financiera' de Cataluña, y el IEA expresa sus dudas respecto a su constitucionalidad.

Todos los partidos con representación parlamentaria en Cataluña, salvo el Partido Popular, rechazan esta ley porque alguna de sus propuestas supone, a su juicio, una agresión a las competencias autonómicas, en especial a la capacidad de endeudamiento de la Generalitat por debajo de la normativa europea (un máximo del 3%), y por el rechazo que suscita que la Comisión de Política Fiscal y Financiera del Estado supervise los presupuestos aprobados por el Parlament.

La consejera de Gobernación, Núria de Gispert, señaló ayer, basándose en las conclusiones del estudio, que 'las dos leyes vulneral directamente el grado actual de autonomía de las comunidades autónomas, tanto en las bases que hasta ahora se han establecido en las relaciones con el Estado como en elementos que limitan claramente la autonomía financiera de la Generalitat'.

El estudio, posterior a las enmiendas que CiU pactó con el PP y que Jordi Pujol consideró insuficientes, concluye que 'con el pretexto de la ejecución de los principios comunitarios, se aprovecha claramente para introducir elementos que limitan con fuerte intensidad la autonomía financiera de la Generalitat (...) y compromete seriamente la vertiente de gasto de la autonomía'.

Para el IEA, la ley debería ser 'más flexible', ya que 'mantiene el principio de equilibrio presupuestario o superávit como un criterio único de estabilidad, a pesar de que la Unión Europea mantiene un criterio más flexible que permite un margen de déficit de hasta el 3%'.

Respecto a la ley que se refiere a los organismos locales, el informe apunta que 'este proyecto mantiene una línea muy intervencionista sobre las comunidades autónomas, que quedan situadas en muchos supuestos en posición subordinada respecto al Estado'. El informe ha sido dirigido por Antoni Bayona, a quien CiU ha intentado introducir, sin éxito, en la renovación del Constitucional.