Orden público o seguridad ciudadana
Amadeu Recasens, director de la Escuela de Policía de Cataluña, explica en un artículo titulado 'Elementos emergentes de inseguridad ciudadana' (Revista Catalana de Seguridad Pública 2000) la evolución del concepto de seguridad. Describe cómo en Europa la idea de orden público ha ido cambiando de significado: hoy en Francia, Inglaterra o Italia no significa lo mismo que hace 50 años aunque se utiliza la misma expresión. En cambio, en España, el uso que el franquismo había hecho del concepto obligó a cambiar significado y significante. La Constitución de 1978 sustituyó, por ejemplo, la denominación 'fuerzas de orden público' por la de 'fuerzas de seguridad', con la única oposición de Alianza Popular.
El propio Recasens define la clara distinción de objetivos y misiones de ambos conceptos. Mientras que el 'orden público' pretende mantener la autoridad y perpetuar una norma, la 'seguridad ciudadana' desea preservar derechos y libertades y ofrecer un servicio público. Mientras que la primera expresión busca forzar la obediencia de los ciudadanos a la norma, la segunda desea proteger la seguridad de las personas y mejorar su calidad de vida.
El catedrático de Derecho Administrativo Manuel Ballbé, autor de Orden público y militarismo en la España constitucional, (1812-1983) (Alianza Universidad, 1983), ya expuso en la obra colectiva La izquierda y la Constitución (Barcelona, 1978) ideas similares: 'Creo importante evitar la integración en el ordenamiento jurídico democrático de conceptos manipulados y prostituidos por el uso que la dictadura hizo de ellos, hasta el punto que propugnaría como necesaria la sustitución del mismo concepto de orden público por otro que careciese de esas connotaciones antidemocráticas como, por ejemplo, seguridad pública'.
El sistema democrático se basa, pues, en esa nueva concepción que permite que la Constitución de 1978, en su artículo 104, atribuya a los cuerpos y fuerzas de seguridad la misión de 'proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana'.
La política en materia de seguridad de los gobiernos del PSOE no constituye, ni de lejos, motivo de orgullo para los progresistas. Felipe González desoyó las propuestas de expertos que como Jaume Curbet (Democracia i policia, Barcelona 1983) proponían el difícil camino de desmilitarizar, democratizar y descentralizar, adoptando, en cambio, la línea del ministro Barrionuevo; las consecuencias todavía las está pagando el propio PSOE.
Pero, a pesar de ello, determinadas reformas, las garantías jurídicas establecidas por las normas, las modificaciones sustanciales de los sistemas de selección y formación, la profesionalización de los cuerpos y fuerzas de seguridad, la aparición de policías autonómicas, la creciente preparación de las policías locales y el papel claramente democrático desempeñado por autoridades y jueces impusieron y consolidaron el concepto de seguridad por encima del superado orden público.
Pero la victoria no había sido definitiva. La etapa de mayoría absoluta del PP nos está introduciendo en una especie de túnel del tiempo desde el que el concepto de orden público vuelve a asomar a la cabeza.
Un ejemplo extremo lo constituye la política aplicada en Cataluña por la delegada del Gobierno, Julia García-Valdecasas. Poco importa que se trate de estudiantes de la Universidad Autónoma, manifestantes antiglobalización o inmigrantes concentrados en la plaza de André Malraux : el objetivo es disolver, golpear y detener. En este caso, además, se añade a la concepción política del partido conservador la ineficacia extrema y la escasa tradición democrática de la propia delegada.
Pero la progresiva sustitución de la idea de seguridad por la de orden público se agrava en extremo si se pone en relación con otro fenómeno generado por el PP: la deslegitimación democrática de sus adversarios políticos. PNB, EA e Izquierda Unida pasaron hace meses a ser sospechosos de connivencia con el terrorismo, en una estrategia que se estrelló con la voluntad de la ciudadanía vasca expresada en las últimas elecciones. El BNG es poco menos que el diablo. ERC propugna el independentismo, que, ya se sabe, es por definición violento.Y este verano el PP ha dirigido también sus dardos hacia IC-V: hemos sido calificados de delincuentes por proporcionar acogida a unos inmigrantes posteriormente atendidos por Cáritas y Cruz Roja, con el acuerdo de las administraciones, y se nos ha tildado de cómplices de sectores violentos vinculados a ETA por pedir comprensión hacia fenómenos juveniles como el que expresa el movimiento okupa. En una carrera que parece no tener fin, el PP dirige ahora sus críticas hacia alcaldes de innegable tradición democrática.
Ha llegado el momento de decir basta. El PP debería comprender que el camino que ha emprendido sólo puede conducir al resquebrajamiento de la unidad de los demócratas y a su propio aislamiento. Pero los partidos de izquierda deberíamos ser capaces de volver a diseñar una política de seguridad que mereciera el calificativo de progresista. Ése no es un tema exclusivo de la derecha: la izquierda debe presentar sus propias alternativas. Y esa política distinta debe basarse en la aplicación de medidas sociales y en la definición de actuaciones preventivas. Las autoridades más próximas a la ciudadanía, la Generalitat y los ayuntamientos, deben disponer de las máximas competencias en este campo. Ello comporta una implicación totalmente contraria a la impresentable ausencia estival y premeditada del alcalde de Barcelona, Joan Clos, ante el absurdo desalojo de la plaza de Catalunya.
Aristóteles, en su tratado Política, distinguía entre los gobernantes que tenían una guardia formada por ciudadanos y los que disponían de una guardia para defenderse de los ciudadanos. El PP, heredero de aquella Alianza Popular defensora del concepto de orden público, debería recordar que nuestra Constitución optó de entre los dos sistemas por el primero, no por el segundo. En lenguaje actualizado: por la seguridad ciudadana, no por el orden público.
Jaume Bosch es vicepresidente de IC y responsable de acción política
