La Junta aprobará el 2 de octubre el programa para dispensar heroína

El Consejo de Gobierno aprobará el 2 de octubre el programa científico PEPSA de dispensación de heroína a drogodependientes. El programa será elevado a la Agencia del Medicamento para su aplicación en Granada y La Línea, según afirmó ayer el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña. El proyecto busca ofrecer a los toxicómanos un lugar adecuado donde poder realizar el consumo y un punto a partir del que derivarlos a los programas de heroína.

Después de que los comités éticos de los hospitales de Granada y La Línea han dado el visto bueno a este programa de investigación, el Consejo de Gobierno aprobará el proyecto. Este anuncio fue realizado por el consejero durante el acto de firma de un convenio con el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología para que investigue la legalidad de crear en los centros de encuentro y acogida de la comunidad andaluza unas salas en las que los toxicómanos puedan inyectarse la droga.

El responsable de Asuntos Sociales subrayó que estas salas se ubicarán en los centros de encuentro y acogida para drogodependientes, que funcionan actualmente en Sevilla, Córdoba y Granada. Con esta iniciativa, según Pérez Saldaña, se pretende ofrecer a los drogodependientes un lugar adecuado donde poder realizar el consumo y, sobre todo, un punto de captación a partir del que derivarlos a los programas de heroína, 'que en el futuro serán una realidad en la atención a los drogodependientes'.

Para garantizar esta asistencia integral, según Pérez Saldaña, es fundamental estudiar los aspectos legales del proyecto, que podría colisionar con lo recogido en el Código Penal sobre tenencia y consumo de sustancias. De hecho, tal y como explicó Pérez Saldaña, según lo regulado en la Ley de Seguridad Ciudadana, el consumo de drogas en un espacio público podría llevar a exigir responsabilidades a los encargados de estos espacios, además de los peligros de que el drogodependiente sea objeto de una intervención policial.

Esta situación podría, según el consejero de Asuntos Sociales, provocar que el drogodependiente no quiera ir a las salas de consumo. Estas salas, que el consejero rechazó denominar narcosalas, entrarían a formar parte de los centros de encuentro y acogida para drogodependientes una vez que el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología elabore el dictamen jurídico.

Pérez Saldaña destacó que la Junta haya promovido la elaboración de este informe 'para que se haga todo dentro de la legalidad', y añadió que si la investigación es 'exitosa' en estas salas, habrá un programa 'normalizado' de dispensación.

Hay jurisprudencia

El director del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, José Luis Díaz Ripollés, aseguró que existe jurisprudencia que podría avalar este tipo de salas dentro de los centros de encuentro y acogida. Según Díaz Ripollés, los problemas que podrían surgir para la aprobación de estas salas procederían más que del Código Penal de la Ley de Seguridad Ciudadana en el artículo referido a la responsabilidad del consumo de sustancias estupefacientes en lugares públicos.

No obstante, según explicó, existe jurisprudencia que podría avalar la propuesta de la Junta y que se refiere a sentencias tanto del Tribunal Supremo como en otras instancias que respaldan que se trate de una 'política de reducción de daños', un argumento que va a presentar la Administración andaluza para aplicarla.

Respecto a las bases legales de este proyecto, Díaz Ripollés explicó que los nuevos planteamientos de atención a drogodependientes se basan en la política de reducción de daños a las personas que sufren adicción a las drogas, 'con lo que a partir de esta justificación se cuenta con el margen suficiente para no entrar en colisión con el Código Penal'. Asimismo, destacó que los jueces actuales son 'receptivos' a medidas que permitan no perseguir de forma generalizada los contactos con las drogas.

Díaz Ripollés dijo que dentro de un mes podrá contar con un informe jurídico sobre este asunto, pese a que el plazo permitido por la Junta era hasta final de año, pero insistió en que existe jurisprudencia en la que trabajarán para defender la propuesta de la Administración autonómica.