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Los restos cárnicos prohibidos sin tratar en Navarra suman ya 1.300 toneladas

La empresa vizcaína que iba a tratar los restos MER de Navarra sospecha que puede haber sufrido un sabotaje

El departamento navarro de Medio Ambiente anunció ayer que analizará si la acumulación en camiones frigoríficos de residuos cárnicos prohibidos (los MER o materiales específicos de riesgo) puede suponer un problema latente de salud ambiental. Estos residuos sin tratar acumulados suman ya 1.300 toneladas.

Los restos almacenados cuando se desató la polémica sobre su destino sumaban 500 toneladas, pero han ido creciendo hasta la cifra actual ante el bloqueo en su tratamiento después de que la empresa vizcaína encargada del mismo lo suspendiese tras la aparición de restos metálicos -tornillería y aluminio- en las primeras partidas.

Los partidos navarros han recibido con sorpresa e incredulidad la noticia de los problemas en la empresa García Mendoza de Ortuella. Aunque la firma vizcaína no se ha pronunciado sobre lo sucedido, fuentes cercanas al caso señalaron a EL PAÍS que la hipótesis de un sabotaje ha sido barajada por la compañía. Los restos de aluminio, que los electroimanes de seguridad de la planta no puedieron detectar, causaron graves daños en la maquinaria y hasta diez paradas del sistema de tratamiento, además de importantes desperfectos técnicos. Las piezas metálicas se encontraron en los dos primeros camiones llegados desde Navarra el pasado verano.

Ante la situación, IU ha pedido la convocatoria de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Pamplona y la comisión parlamentaria que estudia las consecuencias de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB, el mal de las vacas locas) decidió citar a los responsables de la empresa vizcaína, la Mancomunidad de Pamplona y los consejeros de Ganadería y Medio Ambiente.

Paz Azcona, portavoz de los vecinos de Pitillas opuestos a que se instale en la localidad una incineradora de cadáveres animales, sugirió ayer que los restos metálicos citados pudieron ser introducidos intencionadamente para frustrar la incineración de los residuos MER en Euskadi y potenciar como alternativa la construcción de una incineradora en Navarra.

El Departamento de Medio ambiente señaló que carecía de notificación oficial sobre lo sucedido y añadió que investigará la situación creada, dado que las dimensiones del problema pueden constituir 'un problema de salud pública'. Ningún portavoz de la entidad mancomunada de Pamplona se pronunció ayer.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 26 de septiembre de 2001