ERC e IC-Verds ofrecen su apoyo a Pujol para las negociaciones del Constitucional
El Parlament propone modificar la ley del alto tribunal, con el voto en contra del PP
La política hace extraños compañeros de cama y ayer el Parlament demostró una vez más este aserto. El PP rompió su constante apoyo a CiU y votó junto con el PSC en contra de una propuesta de Iniciativa-Verds para que el Parlament apoye al Gobierno de Jordi Pujol en las negociaciones en curso para la renovación del Tribunal Constitucional. La propuesta prosperó con los votos de ERC, CiU y la propia IC-Verds. Tras dos años de denunciar la 'sumisión' de CiU al PP, el PSC se encontró ayer atado por el acuerdo alcanzado por el PSOE y el PP. El resultado fue la sustitución de la habitual línea de división derecha-izquierda por otra: partidos de ámbito estatal contra partidos de ámbito catalán.
Eso sucedía, sin embargo, pocas horas después de que ERC se sumara a la mayoría CiU-PP para derrotar las enmiendas a la totalidad de los otros dos partidos de la izquierda contra la ley de urbanismo, que por su contenido puede ser una de las más importantes de la legislatura. Casi al mismo tiempo, los republicanos presentaban también una reprobación contra el conseller en cap, Artur Mas, por la decisión del Gobierno de CiU de imponer el trazado de la línea de alta tensión eléctrica de Les Gavarres a su paso por Llagostera.
Los socialistas compartieron tres de los cuatro puntos de la resolución aprobada, en un debate mucho más tenso de lo habitual, llevado a cabo en una de las comisiones del Parlament. El primer punto declara que los órganos constitucionales deberían reflejar la plurinacionalidad del Estado español. El segundo punto compromete al propio Parlament a impulsar la modificación de la legislación para que las comunidades autónomas participen, a través del Senado, en la provisión de plazas de organismos como el Tribunal Constitucional. La tercera reclama ahora la participación de la Generalitat en la renovación del alto tribunal. Estos tres puntos fueron aprobados con los votos de IC-Verds, ERC, el PSC y CiU, y la oposición del PP.
El cuarto punto proponía apoyar al Gobierno de la Generalitat para que negocie 'la presencia autonómica catalana' en el Tribunal Constitucional.El PSC ofreció apoyar esta parte de la resolución si el Gobierno catalán se comprometía a negociar 'con el apoyo de las fuerzas políticas catalanas'. Pero CiU rechazó esta oferta.
Este cuarto punto era el más importante de la propuesta, porque CiU necesita reforzar su peso en una negociación en la que ha sido dejada de lado por el PP y el PSOE y en la que carece de medios para hacerse valer ante sus socios del PP. Los diputados del PP se encargaron ayer mismo de recordar esta debilidad de CiU dejándola en minoría en dos votaciones celebradas en otra comisión del Parlament.
Las dificultades de CiU para influir en estas negociaciones llevaron ayer a su portavoz en el Congreso de los Diputados, Xavier Trias, a explicar que ha remitido una carta al líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que le reclama un esfuerzo para hallar la forma de incluir en el Tribunal Constitucional algún magistrado que cuente con el apoyo de los nacionalistas. Entre los nombres propuestos por CiU figuran los de los juristas Alicia Borràs, Enoch Albertí, Antoni Bayona, Antoni Isaac y José A. López Tena.
El debate propició duras acusaciones entre los partidos. Josep Curtó, del PP, reprochó a CiU que busque una pura y simple cuota de partido. El convergente Jaume Camps acusó al PSC de esconder la existencia de una 'santa alianza'antiautonomista formada por el PSOE y el PP. El socialista Miquel Iceta mostró su extrañeza por la decisión de Ribó de promover una resolución cuyo principal beneficiario iba a ser el Gobierno de Pujol mientras que éste se halla en una situación de 'impotencia absoluta'.
Ribó explicó que tres de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que han de ser sustituidos tienen una demostrada 'sensibilidad autonomista' y justificó la urgencia de su propuesta por el riesgo de que estas plazas sean ocupadas por otros afines al 'cierre autonómico' impulsado por el Gobierno de Aznar. El republicano Joan Ridao destacó que su voluntad no era 'dar un cheque en blanco' a CiU, a cuyos diputados recordó que el PP 'les ha tomado el pelo una vez más'.
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