La Generalitat se revuelve contra el control presupuestario que pretende imponer Montoro

El equilibrio presupuestario de las Administraciones públicas es un objetivo loable que aprecian todas las familias con problemas para llegar a fin de mes. No se debe gastar más de lo que se ingresa. Sin embargo, la vocación de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, de convertirse en adalid del déficit cero en las cuentas públicas de todas las Administraciones se ve desmedida desde la Generalitat. Las inversiones necesarias para dotar las necesidades educativas y sanitarias de los ciudadanos valencianos se consideran prioritarias frente a la estabilidad que exige el Gobierno.

'El déficit cero nunca puede considerarse un objetivo en sí mismo'. El comentario de un alto cargo de la Generalitat coincide exactamente con la posición que han venido defendiendo los socialistas durante la tramitación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el Congreso y muestra el malestar hacia el control presupuestario que el Gobierno pretende extender a las administraciones autonómicas sin atender a las necesidades reales de gasto.

Vicente Rambla, consejero de Hacienda, inició la rebelión cuando invocó la semana pasada en el Senado el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas.

Montoro explicó en el Senado a los responsables autonómicos que 'los gastos excesivos' más allá de los ingresos previstos en los presupuestos 'trasladan a las espaldas de las generaciones futuras las cargas derivadas de las decisiones que tomamos hoy'. Y puso el dedo en la llaga cuando añadió: 'Y esto, si duda alguna, tiene atractivo sin con ello se obtiene lo que llamamos beneficios electorales'.

Pero insistió en la necesidad de ajustar los gastos y los ingresos y simuló su respeto a la autonomía financiera de los gobiernos regionales cuando explicó que las comunidades autónomas 'son libres para elegir si quieren alcanzar el equilibrio presupuestario o el superávit a través de la limitación del gasto o si, por el contrario, desean usar sus potestades legislativas para incrementar sus ingresos'. Un aserto con el que descartó la opción de gastar por encima de los ingresos.

Rambla se mostró conforme con los objetivos genéricos del equilibrio presupuestario, pero introdujo 'algunas observaciones'. Como 'premisa fundamental', el consejero de Hacienda recordó que 'nuestro país disfruta de un grado de descentralización política muy importante, afortunadamente, y ello lleva aparejada una descentralización financiera y presupuestaria'. Y explicó que el Gobierno debe tener en cuenta las 'situaciones de partida' de cada comunidad autónoma al exigir control en los gastos. 'Hay comunidades autónomas posicionadas en procesos inversores o concluyendo actuaciones concretas, con un escenario financiero diferente, que debería ser tenido en cuenta', dijo.

A continuación subrayó el principio de autonomía financiera que la Constitución reconoce a las comunidades autónomas y se revolvió contra las limitaciones que la nueva ley pretende introducir a la capacidad de endeudamiento: 'Mi pregunta es si eso supone de alguna forma limitar la posibilidad que las comunidades autónomas tenemos de acudir a operaciones propias de financiación de nuestra tesorería'.

Pero, sobre todo, invitó al ministro de Hacienda a descender a la realidad cuando afirmó que los objetivos de control presupuestario que pretende imponer el Gobierno tendrán que hacerse 'compatibles con la necesidad de dotarnos de las infraestructuras sanitarias, educativas y de todo tipo que sean necesarias, como es nuestra obligación de responsables políticos'.

El Gobierno vincula el nuevo sistema de financiación autonómica con el equilibrio presupuestario, pero fuentes de la Generalitat consideran que tal posción no es sino una forma de lavarse las manos.

Miquel Roca recordaba a Eduardo Zaplana cuando el presidente acudió a Madrid a presentar su propuesta de financiación autonómica los peligros de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. 'Si primero te financiacian y luego te estabilizan, bien, pero si es al revés...'

Y dificílmente se puede considerar resuelto el déficit estructural de la Generalitat en materia de Sanidad o Educación gracias al nuevo modelo de financiación cuando los ingresos adicionales previstos suman unos 60.000 millones al año. Sólo las inversiones necesarias para culminar el mapa escolar rondan los 130.000 millones y el desajuste entre los ingresos y los gastos de Sanidad superó los 40.000 millones en 1999.

Más aún, fuentes de Hacienda y Presidencia alertan sobre la estrategia del Gobierno para trasladar gastos a las comunidades autónomas. La futura Ley de Ordenación Universitaria (LOU), por ejemplo, prevé que los Gobiernos autonómicos finacien la renovación del 49% de los contratos docentes. Jesús Posada, ministro de Administraciones Públicas, también ha sugerido que las autonomías deberían dotar de fondos de pensiones para sus funcionarios. 'El Gobierno no hace sino centrifugar sus gastos', señalan. Sin olvidar que la incertidumbre sobre el futuro de la economía mundial puede exigir el impulso de la actividad a través de mayores inversiones públicas.