Reportaje:

Gestión de trinchera para reformar

Gestores y arquitectos analizan los modelos surgidos del proceso de rehabilitación de 16 barrios barceloneses

Reformar es el verbo que empezaron a conjugar en la década de los ochenta los habitantes de un total de 16 barrios catalanes, la mayoría de ellos situados en Barcelona y su área metropolitana, y significa renovar el barrio derribando los bloques viejos para sustituirlos por otros más acordes con las necesidades actuales. Cuando se lleva ejecutado el 50% de las actuaciones previstas, los arquitectos y gestores analizan los pros y contras de un proceso que no se completará hasta el año 2004, en el marco de unas jornadas que bajo el titulo Revivir los barrios se celebran en Barcelona desde ayer y hasta el día 22 en el Colegio de Arquitectos.

A la complejidad de intervenir en barrios donde a los problemas estructurales de viviendas que, como las del Polvorín (Zona Franca) o las del Gobernador (Nou Barris), se levantaron en un tiempo récord para albergar a los chabolistas con motivo del Congreso Eucarístico -el Polvorín se construyó en 68 días y algunos bloques de las Viviendas del Gobernador en 28-, hay que añadir la casuística social de cada núcleo. Pronto se constató que eran precisas nuevas fórmulas de gestión más ágiles y menos sometidas a la dinámica burocrática que caracteriza a los poderes públicos. Así nacieron empresas como la que dirige el arquitecto Pere Serra, a la que el Incasol ha encargado gestionar la rehabilitación de sus barrios. El equipo pluridisciplinario -en el que, además de arquitectos, hay sociológos y abogados- practica 'la gestión de trinchera' trasladando el estudio al barrio que se pretende rehabilitar, lo que contrasta con el sistema tradicional, que califican de 'gestión de moqueta': la que se proyecta y decide desde la lejanía de la oficina.

Hay que evitar que mientras dura la reforma se instalen familias en los pisos que quedan vacíos

Elaborar un censo 'con mano de hierro', según Serra, sometiendo las fincas a una estrecha vigilancia ininterrumpida, para evitar que mientras dura la reforma se instalen familias en los pisos que van quedando vacíos, es el primer paso. Las pautas para intervenir en territorios urbanos habitados son las siguientes: consenso entre instituciones implicadas, concertación social con los afectados, que participan en todo el proceso, y compromiso personal e ideológico de los técnicos que lo ejecutan, que permite conocer a los futuros destinatarios dando lugar a una relación más personalizada.

Lo que hoy en día se entiende por vivienda social es, afortunadamente, muy distinto de lo que se entendía en los años cincuenta o sesenta, cuando la extinta Obra Sindical del Hogar levantó polígonos suburbiales en zonas sin ninguna conexión con el tejido urbano preexistente y desprovistos de todo tipo de equipamientos.

Las dimensiones han aumentado: desde los 20 metros cuadrados de las Viviendas del Gobernador o de los 40 de Via Trajana (Verneda). se ha avanzado mucho. Tambien han cambiado, como es lógico, las condiciones y los materiales con los que se construye. Sin embargo, en el mercado de la vivienda las cosas no han evolucionado tanto como debieran. Ramon Roger, responsable de las actuaciones concertadas de Urbanismo, Arquitectura y Vivienda de la Generalitat, fue tajante: 'En este país estamos cautivos del atraso en la tecnología de la construcción en materia de vivienda, en la que la normativa al uso es en parte responsable de la situación'. En su opinón, arquitectos, promotores y compañías aseguradoras son responsables por haber creado una bola de nieve que ha dificultado investigar nuevos sistemas de proyectos y de materiales.

De la magnitud de la inversión realizada por las administraciones en los barrios con aluminosis dan idea los 280.000 millones de pesetas invertidos en los últimos ocho años, a razón de 35.000 millones anuales, según las cifras desgranadas ayer por la Generalitat. El objetivo que persigue el Gobierno catalán es 'integrar muchos de los barrios que se construyeron en su día fuera de la ciudad'. La actuación programada en estos núcleos degradados urbanística y, en muchos casos, también socialmente arrancó en 1994 y se prevé que en 2004 se haya ejectuado en el 90%, excepto en los barrios de Sant Roc donde se inició más tarde, y en Trinitat Nova, que ha quedado más rezagado pero donde se incorporará con criterios de sostenibilidad propuestos por los propios residentes.

Para Roger, no hay duda de que el precio del suelo no es el único factor de incremento de los precios de la vivienda. Roger anunció ayer que se han comprometido en los próximos cinco años a intervenir en 5.300 hectáreas destinadas a suelo residencial y en otras 6.200 hectáreas calificadas como suelo industrial. Señaló que en tres años se iniciarán más de 10.000 nuevas viviendas de protección pública, la mayoría de las cuales se adjudicarán en régimen de alquiler a jóvenes y familias con ingresos bajos.

La falta de recursos no siempre es el problema que impide iniciar la reforma en un barrio en crisis. Prueba de ello es que las Viviendas del Gobernador disponían de 300 millones de pesetas antes de que se hubiera encargado siquiera el primer proyecto y de plantearse la operación global. Según explicó Pere Serra, cuando los objetivos están claros y se argumenta la necesidad convenientemente, el dinero fluye.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 20 de septiembre de 2001.

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