El proyecto de ley de urbanismo del Gobierno catalán recibe 1.191 enmiendas, de las que 414 son de CiU y PP

No es un récord, pero casi. El proyecto de ley de urbanismo remitido por el Gobierno catalán al Parlament ha provocado la presentación de 1.191 enmiendas entre todos los grupos parlamentarios. Y si no un récord, sí es un hito notable que de estas 1.191 enmiendas nada menos que 414 hayan sido presentadas por los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno y que en teoría deberían ser los primeros en defenderlo. El grupo de Convergència i Unió (CiU) ha presentado 203 enmiendas, y el del Partido Popular (PP), 211.

La elaboración de este proyecto es uno de los precios que CiU ha de pagar por el apoyo de los 12 diputados del PP a la investidura de Jordi Pujol como presidente de la Generalitat, hace ahora casi dos años. El PP pretende conseguir que la legislación urbanística autonómica se adecue a su política a en materia de urbanismo. Y en particular, a la eliminación de trabas para declarar suelo urbanizable.

El grupo que ha presentado más enmiendas a este proyecto ha sido el del PSC-Ciutadans pel Canvi: 434. Sin contar que también presenta una enmienda a la totalidad, que pide pura y simplemente el retorno del proyecto al Gobierno para que elabore otro con distintas prioridades. El diputado socialista Oriol Nel.lo advirtió de que si el Gobierno de CiU se somete a las orientaciones del PP en materia urbanística, se agravarán las tendencias a su juicio más negativas de la actual situación, cuya corrección exigiría orientaciones exactamente contrarias a las impulsadas por los conservadores. En particular, destacó, es un proyecto que favorecerá la extensión de la superficie urbanizada, invade las competencias municipales en esta materia y dificulta destinar suelo a la construcción de viviendas protegidas.

La imposición al Gobierno catalán de las orientaciones del PP en esta materia se hizo ya patente en julio del año pasado, cuando el Gobierno de Pujol se negó en el Parlament a las demandas de la oposición para que presentara un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto ley 4/2000, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario, que arrebataba a las comunidades autónomas y los municipios compentencias esenciales para la planificación urbanística.

El Tribunal Constitucional falló posteriormente en contra de este decreto, dejando en evidencia claramente que, prisionero de los votos del PP, el Gobierno de Pujol había renunciado a defender las competencias de la Generalitat. Nel.lo denunció ayer que el proyecto de ley de urbanismo que el Gobierno catalán ha remitido al Parlament y ahora comenzará a discutirse se orienta en la misma dirección.