Siete acusados se sientan en el banquillo por el fraude de las funerarias de Málaga

El juicio por el fraude de las funerarias comenzó ayer en Málaga con siete acusados sentados en el banquillo. El fiscal los acusa de estafa, falsedad y delitos contra el respeto a los difuntos y contra el mercado y los consumidores. El ministerio público reclama indemnizaciones por un total de 336 millones de pesetas y penas que suman más de 50 años.

Según la fiscalía, el fraude consistió en que se hicieron incineraciones de forma irregular, por la noche y sin control y en muchas ocasiones se entregaron a los familiares cenizas que no eran de sus difuntos. Como Parcemasa tenía tarifas de cremaciones más caras que otros cementerios, las funerarias ofrecían la incineración en Marbella, Granada, Alicante y Sevilla. A los familiares le cobraban como si el traslado se hubiera realizado, pero en realidad cremaban los cadáveres por la noche en Parcemasa pagando entre 10.000 y 25.000 pesetas a un trabajador, que es uno de los acusados, junto con gerentes de cinco funerarias. Por lo tanto, estas empresas cobraron unos servicios que en realidad no prestaron.

Pero el fraude fue más allá. La funeraria La Popular, debido a problemas económicos, no incineró algunos cuerpos y entregó a los familiares cenizas que no eran de sus difuntos. En 1997, en un registro policial en la casa del gerente, Emilio P. R., se descubrieron almacenados los restos de 55 personas, además de urnas con cenizas. Se estima que hubo cerca de 2.000 perjudicados por esta estafa.

El fiscal pide nueve años de cárcel para este acusado, ocho años de arresto de fin de semana para el trabajador de Parcemasa y penas que oscilan entre cuatro y seis años para los restantes imputados.

Ayer el juicio se consumió en las cuestiones previas y la organización de la vista. Con más de treinta letrados en la sala, la tarea no fue fácil. Finalmente, las deliberaciones se suspendieron hasta el jueves para resolver las cuestiones planteadas por las partes.

Las defensas esgrimieron dos argumentos. El primero, la indefensión de sus patrocinados. Los letraron explicaron que hasta bastante avanzado el proceso, sólo se les informó de la imputación de estafa y falsedad. Los otros dos delitos -contra el respeto a los difuntos y contra el mercado y los consumidores- fueron notificados cuando ya no podían presentar más pruebas. Por ello, las defensas reclamaron la nulidad de algunas acusaciones.

El segundo argumento fue el del respeto al derecho de defensa. Los abogados de los acusados argumentaron que cada familiar puede actuar sólo contra la funeraria con la que contrató los servicios, no contra todas las demás; algo que sí puede hacer el fiscal. La resolución de estas cuestiones quedaron pendientes, por lo que el tribunal acordó la suspensión hasta el jueves.